Santa Cruz se ha convertido en el «El Dorado» boliviano: la tierra prometida donde miles llegan buscando trabajo, oportunidades y una vida mejor. En redes sociales, medios y conversaciones cotidianas, escuchamos una y otra vez la misma historia: Santa Cruz es el motor económico del país, el ejemplo a seguir, la prueba de que «otro Bolivia es posible». Pero ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Cómo se construyó este relato? ¿Quiénes se benefician realmente de este «modelo de desarrollo»? Y sobre todo: ¿qué costos ambientales, sociales y políticos tiene esta narrativa? En este podcast del Centro de Estudios Populares, nos proponemos mirar más allá de la propaganda. Durante seis episodios, junto a diversos invitados e invitadas, vamos a desmenuzar las historias, contradicciones y relaciones de poder que sostienen el mito del «modelo cruceño». No buscamos dar respuestas definitivas, sino abrir preguntas incómodas y tender puentes entre regiones y saberes. Porque entender qué pasa en Santa Cruz es clave para entender hacia dónde va Bolivia. Episodios Episodio 6: Las múltiples Santa Cruz Santa Cruz no es una sola. Nunca lo ha sido. Hay una Santa Cruz urbana que creció explosivamente con las migraciones. Hay barrios periféricos, zonas rurales, comunidades indígenas, sectores populares. Hay desigualdad, segregación, violencia. Pero pareciera que solo escuchamos una voz: la de la elite empresarial. Es como si esa voz tomara todo el espacio y silenciara al resto. En este episodio final cerramos el círculo: después de 70 años de construcción del modelo agroexportador, con inversión nacional e internacional, ¿qué tipo de sociedad se creó en Santa Cruz? ¿Quiénes quedaron afuera? ¿Qué otras Santa Cruz existen y resisten? Porque al final, desenmascarar el mito del "modelo cruceño" no es solo una crítica económica. Es abrir espacio para que emerjan todas esas otras historias y voces que han sido sistemáticamente invisibilizadas. Conversan: Isapi Rua y Gerardo CamachoConduce: Angélica Coca Episodio 5: Mas allá de la polarización política, las puertas giratorias de la elite cruceña  El período de mayor crecimiento del agronegocio y las elites agrarias no fue durante el MNR, ni las dictaduras, ni el neoliberalismo. Fue durante los 20 años del gobierno del MAS. ¿Cómo es posible que un gobierno que se presentaba como antiimperialista y antiempresarial terminara fortaleciendo al sector más poderoso de la oligarquía boliviana? Este episodio documenta cómo la elite cruceña dejó de ser solo «la elite del agro» para convertirse en un verdadero núcleo de poder financiero, latifundista y especulador. Analizamos los mecanismos concretos: las transferencias de capital, el sistema financiero capturado, los subsidios indirectos, las puertas giratorias entre el sector público y privado. Y sobre todo, cómo el discurso de la «modernización» y el «desarrollo agrícola» sirvió de cortina de humo. Más allá de la polarización política, aquí vemos continuidades profundas que atraviesan gobiernos de distintos signos. Conversan: Luciana Jauregui y Beiby Vaca ParadaConduce: Huáscar Salazar Lohman Episodio 4: De bosques a sabanas Cada año vemos las mismas imágenes: incendios forestales, humo que cubre ciudades enteras, bosques que desaparecen. Y cada año escuchamos las mismas explicaciones: presión económica, demanda de tierras, expansión agrícola. Pero este episodio propone otra mirada: la deforestación no es solo un problema ambiental. Es un proyecto cultural y político que viene desde mucho antes del siglo XX. Los bosques no se queman solo por razones económicas: detrás hay una visión de mundo que considera el bosque como «tierra improductiva» que debe ser «civilizada» y convertida en campo de cultivo. Hablar de degradación ambiental sin entender el contexto sociopolítico es quedarse en la superficie. Aquí exploramos las raíces profundas de por qué en Bolivia el bosque sigue siendo visto como un obstáculo para el progreso. Conversan: Jose Octavio Orsag y Angelica Coca RamosConduce: Blanca Rivero Lobo Episodio 3: El «modelo» cruceño «Santa Cruz: motor de la economía boliviana». «El único departamento que produce». «El modelo a seguir». En la última década, este discurso se ha vuelto omnipresente. Pero ¿qué hay detrás de esta narrativa? ¿Quiénes la impulsan y para qué? En este episodio analizamos cómo se construyó mediáticamente el «modelo cruceño de desarrollo». No se trata solo de propaganda económica: es también la fabricación de una identidad única y homogénea que invisibiliza otras realidades dentro del mismo departamento. Aquí la cosa se complica: porque hay un malestar real y legítimo con el centralismo histórico de La Paz. Pero las elites han sabido capitalizar ese malestar para consolidar su poder, inventando una historia regional idealizada, enarbolando «valores cruceños» y, sobre todo, evitando que se hable de la desigualdad dentro de Santa Cruz. ¿Cómo distinguir el reclamo auténtico de la manipulación? Ese es el nudo que intentamos desenredar. Conversan: Oscar Leaño y Marcia Mandepora ChundarConduce: Suzanne Kruyt Escuche en Ivoox Episodio 2: De élites regionales a élites nacionales Los años de las dictaduras militares no solo fueron tiempos de represión política. Fuerontambién el momento en que el Estado boliviano transfirió cantidades masivas de capital hacia Santa Cruz y el Beni: préstamos internacionales, tierras fiscales, créditos blandos del Banco Agrícola. Pero hay algo más. Desde finales de los años 60, organismos como el Banco Mundial ya empezaban a empujar una nueva visión: la agricultura ya no debía alimentar a la población boliviana, sino producir para la exportación. Mucho antes del neoliberalismo, el modelo agroexportador ya se estaba cocinando.Este episodio desentraña cómo las élites regionales de Santa Cruz y Beni se convirtieronen élites nacionales. Y cómo ese proceso no fue natural ni inevitable, sino que fue construido con decisiones políticas muy concretas y con dinero internacional. Conversan: Gerson Rivera y Dunia SandovalConduce: Stasiek Czaplicki Escuche en Ivoox Episodio 1: Que muera la vieja rosca minera, que viva la nueva empresa agrícola Cuando pensamos en la Revolución del 52 y la Reforma Agraria, casi siempre miramos hacia el Altiplano: los sindicatos mineros, las haciendas andinas, la lucha campesina. Pero hay otra historia que casi nunca se cuenta: la de cómo Santa Cruz pasó de ser una región marginal a convertirse en el nuevo centro económico del país. En este episodio exploramos esa otra cara de la Reforma Agraria. ¿Qué intereses internacionales estaban detrás de la apuesta por el desarrollo agrícola del Oriente? ¿Qué instituciones y actores locales hicieron posible esta transformación? Y sobre todo: ¿cómo es que el proyecto revolucionario del 52 terminó sentando las bases para un nuevo tipo de elite? No se trata solo de contar una historia regional. Se trata de entender cómo la narrativa oficial sobre ese período dejó fuera una pieza clave del rompecabezas boliviano. Conversan: Carmen Soliz y Ana María LemaConduce: José Octavio Orsag Escuche en Ivoox. Trailer     (más…)

El trabajo con las organizaciones sociales de base en diferentes territorios de Bolivia nos ha llevado a reconocer un tipo de violencia particular: aquella ligada al ejercicio del poder estatal hacia las organizaciones y que también se reproduce al interior de ellas. Se trata de la violencia política que afecta directamente la vida cotidiana, especialmente de las mujeres, quienes son las que interpelan y ponen en discusión sus expresiones y consecuencias. Esta violencia adquiere un carácter patriarcal y colonial, que se expresa en mecanismos de silenciamiento, fragmentación y control que refuerza lógicas de sometimiento. Opera tanto en los niveles institucionales como en los comunitarios, desplazando la atención de las necesidades de la vida cotidiana hacia disputas de poder, por ejemplo, partidarias o electorales. En tal sentido, la violencia política se dirige contra la reproducción de la vida. Se expresa en el encarecimiento de los alimentos, en la desvaloración de los productos locales, en la imposibilidad de decidir colectivamente sobre las necesidades vitales, y en la exclusión sistemática de las mujeres de los espacios de decisión. Sin embargo, frente a estas formas de dominación también emergen resistencias, protagonizadas principalmente por mujeres, aunque también por pueblos indígenas que interpelan esas dinámicas. Hemos querido poner en discusión estas claves de análisis a partir del diálogo con tres experiencias organizativas concretas: mujeres del Valle Alto de Cochabamba, estudiantes de Psicología de la Universidad Mayor de San Simón y la Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas de Bolivia, especialmente de la ciudad de La Paz. El texto que sigue recoge y amplifica estas reflexiones que forman parte de las preguntas y aprendizajes que venimos construyendo colectivamente desde el equipo del CEESP y que buscan abrir un horizonte de pensamiento en torno a la pregunta: ¿cómo poner la vida en el centro frente a los mecanismos de silenciamiento y control que impone la violencia política? La especificidad de la violencia política en Bolivia La discusión reconoció la particularidad de la violencia política en el contexto boliviano reciente, marcado por la gestión del MAS (Movimiento Al Socialismo). Lxs participantes analizaron cómo esta especificidad se relaciona con una estructura de poder que extiende el ejercicio de control a través de diversas formas de interacción entre el partido político gobernante y las organizaciones sociales. Se identificaron algunas pautas específicas de la violencia política: No se trata solo de violencia represiva directa (policial o militar). Aunque la represión existe, gran parte de la violencia política se ejerce de forma cotidiana, menos visible, de forma constante, pero de igual forma muy efectiva. Opera a través del control y disciplinamiento de organizaciones sociales de base. Esto significa que no solo se limita a prohibiciones externas, sino que permea la vida interna de las organizaciones, reorganizando sus prioridades y condicionando sus prácticas Se fundamenta en relaciones de dependencia y monopolio entre el Estado y las organizaciones sociales. La dirigencia se convierte en mediadores que definen lo que se puede o no reclamar, generando un monopolio de la voz colectiva. Tiene un impacto directo en la capacidad de estas organizaciones para desarrollar prácticas centradas en la reproducción de la vida. La agenda de las comunidades queda desplazada hacia los tiempos y temas impuestos desde arriba. Es una violencia patriarcal y con expresiones misóginas. Su carácter invisible y constante hace que se difícil para las mujeres nombrarse como sujeta violentada políticamente, lo cual es un desafío, especialmente cuando no se está ejerciendo un cargo y se pertenece a las bases. Se expresa en mecanismos muy elaborados de silenciamiento, como la instalación del miedo a opinar en reuniones, como lo expresa una participante: “Ahora ya no podemos ir a reclamar, porque una palabra basta para te digan ‘androniquista’, ‘arcista’ o ‘evista’… ya no puedes opinar de nada”. Esta última frase, evidencia los sutiles, aunque efectivos, mecanismos de disciplinamiento que silencian las voces en los espacios organizativos. Respecto a esto una mujer expresa: “Antes te decían que eras de la derecha, ahora es peor. Ni siendo masista ni no masista puedes hablar. Si opinas algo, ya te dicen que apoyas a uno u otro. Entonces mejor no dices nada”. El efecto del silenciamiento es profundo, pues los temas vitales quedan fuera de la discusión. Otra mujer del Valle Alto compartía: “El otro día hablamos del abono, de cómo subió tanto de precio, y nos dijeron: ‘no se preocupen, cómo están en campaña nos van a venir a rogar a mitad de precio’. Ya no se puede hablar de nuestras necesidades, todo lo vuelven tema político”. De este modo, la violencia política no solo limita la crítica, sino que desplaza y lo desarticula de las demandas centradas en la reproducción de la vida. Violencia política contra la reproducción de la vida Un aporte significativo en la discusión fue la propuesta de entender la violencia política como aquella dirigida específicamente contra la reproducción de la vida. Se trata de una violencia sutil o encubierta que atraviesa los espacios de vida cotidiana de mujeres y hombres, limitando sus posibilidades de abordar los problemas de sus comunidades y de sus propias organizaciones. En el caso de las mujeres esta violencia se hace más evidente por la sobrecarga de trabajos de cuidado, la vigilancia sobre su comportamiento y la exclusión en los espacios de decisión como mecanismos centrales de sujeción. Una mujer lo expresó así: “Para nosotras es complicado hacer política. Cuando hay una reunión, luego se van a comer y a tomar, y si una mujer tiene familia o pareja es más difícil, porque la gente observa mucho”. A estos obstáculos se suma la imposibilidad de decidir en temas tan esenciales como la alimentación. Las mujeres del Valle Alto señalaron: “Estamos regresando a nuestra comida ancestral por necesidad. Nuestros hijos comen con tristeza lo que podemos darles, mientras en la televisión de valoran otros consumos que no están a nuestro alcance”. Sin embargo, esta frase evidencia resistencia en tiempo de crisis, pero también las dificultades en la alimentación en las nuevas generaciones cuyos imaginarios de consumo les genera frustración. Otra mujer relató la desvalorización de sus productos frente al mercado: “cuando llevo mi producto al mercado digo: ‘este mi conejo pesa un kilo, ¿por qué me pagan menos que la carne de vaca?’ Si hacemos un estudio, el conejo come alfa limpia, y no tenemos esa información. Nosotros no sabemos sobre la alimentación”. Lo que aquí se enuncia no es solo un problema de precio, sino una violencia estructural que invisibiliza el valor de la producción local y naturaliza un sistema alimentario que privilegia lo industrial. En este sentido, la violencia política se manifiesta en una reproducción de la vida atrapada por un mercado que desvaloriza lo propio, pero también en la exclusión de las mujeres en espacios de toma de decisión. Sin embargo, frente a esto la recuperación de saberes ancestrales, así como la valorización del propio producto se presenta como una estrategia de resistencia. ¿Cómo poner la vida en el centro ante el silenciamiento y el engranaje patriarcal de la violencia política? Uno de los mayores desafíos señalados fue la dificultad de hablar y reclamar sin ser etiquetados o instrumentalizados. El silenciamiento se convierte en un mecanismo central de violencia política: se cierran los espacios de deliberación, y con ellos, las posibilidades de poner la vida en el centro. Este clima de miedo y silenciamiento bloquea a las voces interpeladoras y autoriza quién puede hablar y quién no. Esta voz habilitada para hablar es casi siembre alguien con poder masculino, es decir, los varones dirigentes en contextos organizativos. En contexto universitarios: los docentes. Y en contexto sindical, los máximos ejecutivos de sector o de la Central Obrera Boliviana. Esto forma parte de un engranaje patriarcal que atraviesa las organizaciones sociales. Otro ejemplo es que, aunque las mujeres son electas como representantes, las decisiones clave continúan concentradas en los varones, Como señala una mujer: “Las mujeres no han elegido. Puro hombres se han reunido”. “Dirigentes hombres no más deciden y llaman para hacer aprobar, diciéndonos chacha-warmi”. Esta práctica convierte a las mujeres en una presencia simbólica, necesaria para cumplir cuotas, pero anuladas en su poder de decisión. Esto reproduce condiciones estructurales que impiden a las mujeres ejercer poder real, relegándolas a tareas simbólicas o de apoyo. En este sentido, el machismo es un mecanismo que hace que las mujeres no puedan participar y no puedan decidir. El efecto de este engranaje es la invisibilización de necesidades vitales. En lugar de discutir sobre precios de los alimentos, guardería o salud, las reuniones se centran en temas ligados a nociones de desarrollo como obras de asfalto o temas electorales. De esta manera, el machismo actúa como un mecanismo de la violencia política que desplaza demandas de la vida cotidiana y las sustituye por intereses partidarios. Nombrar lo invisible como forma de resistencia Las voces recogidas muestran que nombrar estas violencias es un acto urgente de resistencia. Al hacerla visibles, las mujeres, trabajadoras y estudiantes interrumpen el silencia y abren las posibilidades de reconfigurar los espacios organizativos para pensar nuevas formas de acción colectiva. Una estudiante de psicología narra su experiencia: Me he identificado con eso. Nos ha pasado. Nosotras como tal somos un centro de estudiantes. Antes de serlo hemos sido como una asociación, agrupación de estudiantes. Ha habido esto de la desorganización y fragmentación, ha habido este ataque. Se me hizo muy curioso que señalara esto de disciplinar y violentar que, sin entrar a grandes rasgos, sí hubo esos ataques dentro del equipo hace unos meses atrás, de forma directa a personas del equipo. Son personas que no siguen ese conducto que muchos quieren que sigamos. Es decir, acá se sabe, se olvida que los docentes igual influyen en nosotros, no solo en el tema de la educación, sino también a nivel político. Nos quieren echar la culpa a nosotros… no voy a olvidar que, en una primera clase, las autoridades nos dijeron: «qué horrible que se esté armando esta cultura del reclamo»… Yo dije «uy». Porque nosotros como centro y también como estudiantes hemos visto bastantes irregularidades que antes no teníamos la valentía de denunciar o de decir algo al respecto. Pero ahora hemos visto otras vías que como estudiantes podemos seguir, podemos hacer. No es un imposible. Si es complicado, pero no imposible. Este testimonio evidencia cómo la violencia política actúa en diferentes espacios, donde se busca deslegitimar la protesta y naturalizar la obediencia. Sin embargo, ante esto surgen resistencias que se anclan en la defensa de las acciones cotidianas como: defender la posición tomada, defender el precio del queso en el caso de las productoras del Valle Alto, nombrar las experiencias de violencia, etcétera. Estas prácticas demuestran que, aunque la violencia política busca invisibilizar, las mujeres y muchos otros procesos organizativos, siguen produciéndose espacios y situaciones de visibilidad desde abajo. Nombrar eso que se pretende invisible, que se quiere naturalizar es un ejercicio político y una reivindicación de la política de la vida cotidiana que pone en el centro la vida. Horizontes desde abajo Las voces recogidas muestran que la violencia política no solo está en la represión ni en la violencia directa, sino también en lo cotidiano: en el precio del queso que no se valora, en la calle priorizada sobre la guardería, en la reunión donde las mujeres no son convocadas y si lo están no deciden, en palabras que no pueden pronunciarse sin miedo a ser etiquetada. Sin embargo, cada uno de estos escenarios también guardan gestos de rebeldía. Mujeres que sostienen la producción y venta de alimentos a pesar de un contexto de precarización de sus condiciones de vida; estudiantes que denuncian abusos docentes y se organizan frente al disciplinamiento universitario; mujeres que disputan espacios en sus comunidades y el derecho a hablar donde “solo los hombres deciden”, mujeres que nombrar sus experiencias de violencia. Son pequeñas rebeldías cotidianas que, aunque no siempre son reconocidas como políticas, interpelan directamente al poder. Como expresaron las mujeres del Valle Alto “este germen de rebeldía está aquí en cada una”. Estas rebeldías cotidianas abren horizontes para pensar cómo poner la vida en el centro, más allá de los silenciamientos y las lógicas que buscan reducirla. El ejercicio de dialogar con organizaciones sociales y nombrar estas experiencias como violencia política contra la reproducción de la vida, ha permitido reconocer que prácticas que parecían naturales, son en realidad formas sistemáticas de violencia. Ponerle nombre es ya un gesto de dignidad, pues otorga sentido a esas experiencias incómodas y doloras, que muchas veces habían sido vividos en soledad y pensadas como inevitables. Más allá de esto, también quedan las interrogantes planteadas por las mujeres sindicalistas: ¿Cómo hacemos que la violencia política sea un tema que profundicemos como sociedad? ¿Cómo fomentamos espacios necesarios de diálogo que permitan tejer redes entre mujeres? ¿Qué acciones son las que primero identificamos como violencia política que nos permitan generar alertas tempranas?

La violencia política no siempre llega desde afuera. Muchas veces nace dentro de las mismas organizaciones que buscan transformar la realidad, se reproduce en momentos de polarización social y se ejerce incluso desde los Estados que dicen representarnos. Esta primera temporada de Estudios Populares Podcast explora estas formas menos visibles pero igualmente devastadoras de violencia que erosionan la vida comunitaria y las luchas populares. A través de tres capítulos, nos adentramos en conversaciones íntimas con activistas e investigadores que conocen sobre la temática. Sus voces nos llevan a reflexionar sobre preguntas urgentes: ¿Cómo se reproducen las lógicas de dominación dentro de nuestras propias organizaciones? ¿De qué manera la polarización política debilita las luchas de base? ¿Por qué incluso gobiernos populares pueden ejercer violencia contra los pueblos indígenas? Escuchar estas historias es entrar en la memoria, en la experiencia cotidiana y en las resistencias silenciosas de quienes sostienen la vida desde los territorios. Es también reconocer que, en medio de tanta crisis, emergen nuevas formas de organización autónomas, especialmente sostenidas por las mujeres y por la defensa de la vida cotidiana. Este podcast es una invitación a cuestionar nuestras propias prácticas políticas, a reconocer todas las voces -incluso las que incomodan- y a recordar que sin pueblos libres y autodeterminación real, no hay transformación posible. Porque la fuerza de la Una producción del Centro de Estudios Populares con el apoyo de Fundación Rosa Luxemburgo. Episodios 1. Desde abajo y con rabia: cuando la política no nos nombra ¿Qué pasa cuando la violencia no viene de afuera, sino de adentro de nuestras propias organizaciones? Con Mónica Rocha y Nelvi Aguilar exploramos el lugar de las mujeres en espacios comunitarios, los liderazgos que reproducen violencia y cómo el silencio puede presentarse como unidad. Una conversación sobre quién puede hablar en nombre de la organización y por qué reconocer todas las voces, incluso las incómodas, fortalece la lucha. Escuche en Ivoox. 2. Desorganizar para dominar: la violencia de la polarización ¿Cómo la polarización política destruye las organizaciones de base desde adentro? Con Huáscar Salazar y Suzanne Kruyt analizamos comunidades divididas, agendas impuestas desde afuera y el olvido de las luchas territoriales en favor de intereses partidarios. También exploramos cómo, en medio de la crisis, resurgen formas de organización autónomas sostenidas especialmente por las mujeres y la vida cotidiana. Escuche en Ivoox. 3. El rostro indígena que no cabe en la política ¿Puede un gobierno popular ejercer violencia contra los pueblos indígenas? Con Daniela Toledo y José Octavio Orsag reflexionamos sobre el reconocimiento estatal de identidades indígenas: qué rostros se incluyen, cuáles se excluyen y las trampas de las autonomías oficialmente reconocidas. Una conversación sobre por qué el reconocimiento sin autodeterminación real es solo un gesto vacío. Escuche en Ivoox.

Este trabajo propone una comprensión ampliada de la violencia política que va más allá de la legislación vigente y las formas evidentes de represión estatal. A través de una metodología basada en la escucha, la confianza y el cuidado mutuo, se exploran las experiencias de mujeres sindicalistas, productoras y jóvenes universitarios en Bolivia, visibilizando formas sutiles pero profundas de violencia que operan en espacios organizativos y cotidianos. El texto ofrece la violencia política como herramienta interpretativa para comprender mecanismos de disciplinamiento, control y exclusión que afectan la participación social, poniendo la vida y los cuidados en el centro de la reflexión. Esta perspectiva busca no solo nombrar los dolores silenciados, sino generar espacios de transformación donde las voces críticas sean escuchadas y las prácticas que sostienen la vida puedan reproducirse como acto político de resistencia y cambio social.

Bolivia atraviesa una coyuntura económica crítica. La escasez de divisas, el desabastecimiento de combustibles y la inflación creciente han sumido al país en un escenario de alta incertidumbre. Ello, sumado al conflictivo proceso electoral, ha dado espacio para la amplificación de narrativas que presentan al agronegocio, particularmente al complejo agroexportador cruceño, como posible salvador de la economía nacional. Es llamativo cómo se ha instalado un consenso en torno a esta cuestión, incluso trascendiendo diferencias ideológicas aparentemente irreconciliables. Tanto lo que se reconoce como derecha conservadora y/o liberal, así como las fuerzas políticas oficialistas que se autodefinen como progresistas o populares, alimentan narrativas que exaltan el rol del agronegocio. Bajo la apariencia de “neutralidad técnica” y “racionalidad económica”, estas narrativas naturalizan la necesidad' de liberalizar las exportaciones y, particularmente, la centralidad del agronegocio en la economía nacional[1]. Sin embargo, basta rascar un poco en la historia boliviana para evidenciar que estas narrativas encubren una realidad muy distinta y que, en todo caso, sirven para capitalizar malestares y demandas legítimas de la sociedad. No es la primera vez que el agronegocio es presentado como salvación para la economía nacional. Una situación similar se vivió en la década de los 80, cuando tras un período de hiperinflación y recesión económica, en 1985 el gobierno de Paz Estenssoro implementó un paquete económico (D.S. 21060) que, entre otras medidas, liberalizó completamente las exportaciones agroindustriales con el argumento de que ello permitiría "reiniciar, redefinir, y encaminar el desarrollo nacional liberador". Lejos de convertirse en motor de recuperación, la agroindustria mostró un desempeño errático durante toda la década. Su supuesto despegue solo se materializó cuando, en 1990, se puso en marcha el proyecto Eastern Lowland, que implicó contraer deuda externa con el Banco Mundial por USD 54,6 millones equivalentes al 5% del presupuesto estatal de Bolivia de la época. En otras palabras, el primer boom soyero del país (1993-1998) no fue resultado de la liberalización de 1985, sino de un masivo financiamiento internacional que comprometió recursos públicos futuros para subsidiar la expansión del cultivo de soya[2] a escala masiva. La "salvación" agroindustrial, entonces, no surgió del dinamismo empresarial privado, sino de una transferencia de recursos públicos hacia un sector que había fracasado en cumplir las promesas de la liberalización. Este patrón histórico anticipa las contradicciones del agronegocio actual: un sector que se presenta como emprendedor y autónomo, cuando en realidad es estructuralmente dependiente de transferencias de recursos públicos; que promete beneficios sociales amplios mientras concentra las ganancias en pocas manos; y que en momentos de crisis,precisamente cuando debería demostrar su capacidad de rescate, intensifica su dependencia estatal sin ofrecer las contrapartidas fiscales o sociales prometidas. El ejemplo de los años 80-90 también evidencia que el agronegocio cruceño dejó de ser hace tiempo un fenómeno meramente regional. Si bien mantiene su epicentro en Santa Cruz y se extiende por las tierras bajas, se ha consolidado como piedra angular de la arquitectura del poder económico nacional. Esta transformación se sostiene sobre procesos de concentración de tierra y riqueza que, aunque operan desde tiempos coloniales, se han intensificado dramáticamente desde mediados del siglo XX. En las últimas dos décadas, todos los gobiernos de turno, independientemente de su orientación ideológica, han validado y expandido sistemáticamente los privilegios de este sector. En este texto problematizamos estas dimensiones del agronegocio cruceño que han sido naturalizadas en el debate público boliviano[3]. El análisis se estructura en cuatro apartados complementarios. Primero, analizamos las narrativas y mecanismos discursivos que construyen el consenso contemporáneo en torno al agronegocio como solución inevitable. Segundo, desmontamos los mecanismos financieros que subyacen al sector, contrastando la retórica de "inclusión" con la realidad oligopólica de las finanzas grises. Tercero, examinamos el caso del Banco Fassil como ventana para observar el entramado concreto que vincula el poder financiero con el agroindustrial. Finalmente, analizamos la paradoja del "emprendimiento cruceño", evidenciando cómo la narrativa de autonomía oculta una dependencia estructural que trasciende lo regional para configurar las prioridades económicas nacionales. La doctrina del shock y la construcción del consenso agroindustrial La estrategia de presentar al agronegocio como "salvador" en momentos de crisis, como sucedió en la década de los 80, no desapareció con el tiempo. Por el contrario, se perfeccionó y se convirtió en una estrategia sistemática de captura del sentido común. En el actual momento de crisis, la centralidad discursiva del agronegocio se refuerza mediante mecanismos que no son nuevos, pero que han adquirido mayor sofisticación. La lógica remite a lo que Naomi Klein denominó la "doctrina del shock"[4]: amplificar la sensación de colapso inminente para inducir a la población a un estado de miedo que viabiliza transformaciones estructurales que, en contextos menos convulsivos, enfrentarían resistencia social significativa. El colapso fiscal actual, el miedo al desabastecimiento, agudizado por precios altos de productos importados, y la urgencia económica se utilizan para presentar como inevitables medidas que en otros contextos generarían indignación y un amplio rechazo. Esta estrategia del miedo se combina con un entramado discursivo sofisticado que opera simultáneamente en múltiples niveles. Por un lado, se despliegan relatos amplificados sobre seguridad alimentaria, crecimiento económico y modernización productiva, naturalizando la expansión del agronegocio como única vía posible. Por otro, el sector se presenta como símbolo de economía "blanca" y “legal” frente a actividades de carácter popular que operan bajo el estigma de la “ilegalidad”, reforzando su legitimidad en un país donde la informalidad económica genera constante tensión política. El agronegocio aparece, así, como materialización del "trabajo honesto" y del "progreso", aunque paradójicamente, como veremos, sus operaciones financieras son muy opacas y muchas de sus actividades están relacionadas con altos niveles de corrupción. El discurso dominante convierte al agronegocio en salvador del país mediante un lenguaje que amplifica promesas y minimiza contradicciones, pese a su escasa contribución tributaria y alta dependencia de subsidios estatales. Se articula entonces un chantaje discursivo: cualquier intento de regulación es retratado como amenaza directa, crisis alimentaria, fuga de inversiones, "comunismo antiempresarial", ocultando que la agricultura familiar es la que realmente alimenta al país, mientras que el agronegocio se orienta principalmente a la exportación. A esto se suma la narrativa del "atraso", que sitúa a Bolivia como rezagada frente a países que "avanzan" con el modelo agroexportador, sin mencionar jamás los impactos devastadores de ese mismo modelo. Esta construcción discursiva, sin embargo, se estrella contra la evidencia empírica. A varias décadas del establecimiento formal del agronegocio en Bolivia, es crucial reconocer que este camino no ha solucionado problemas sociales ni económicos en ninguna parte del continente. La crisis ambiental y social se ha agudizado en Santa Cruz, pero también en regiones similares, algunos ejemplos: Mato Grosso en Brasil con deforestación alarmante; Paraguay con concentración extrema de tierras; Santa Fe en Argentina con degradación de suelos por contaminación de agrotóxicos. Desde una perspectiva pragmática, las exportaciones del agronegocio en 2024 representaron apenas el ﷟HYPERLINK "https://siip.produccion.gob.bo/"18% del total exportado por el país. Solucionar el déficit comercial mediante la frontera agrícola requeriría expandirla en más del doble de los actuales 12,6 millones de hectáreas, evidenciando la imposibilidad material de las promesas del sector.la frontera agrícola requeriría expandirla en más del doble de los actuales 12,6 millones de hectáreas, evidenciando la imposibilidad material de las promesas del sector. ¿Por qué entonces un modelo que no es nuevo, que no está funcionando en otras partes, nuevamente se plantea como solución? Como la historia misma del agronegocio muestra, no es solo un tema de crecimiento económico sino también de concentración de poder económico, que beneficia a redes de interés de élites locales, nacionales y globales, que encuentran oportunidades en momentos de crisis. En línea con lo planteado Svampa, el neoxtractivismo intensifica la extracción de recursos naturales, expansión de las fronteras productivas y es legitimado El poder de estas narrativas se evidencia con particular claridad en el proceso electoral de 2025: de los diez candidatos presidenciales, todos coinciden en promover la base productiva agroindustrial; cinco proponen liberalizar por completo las exportaciones, y cuatro buscan reducir o facilitar la intervención estatal para el sector. Lo que resulta revelador es que las propuestas del agronegocio, aunque se presentan como ruptura radical frente al modelo "fracasado", constituyen en realidad una profundización de políticas que ya estaban en marcha. Esta aparente paradoja se explica por un consenso que trasciende las diferencias retóricas. Por un lado, el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), pese a su discurso anti-neoliberal, ha operado bajo lógicas plenamente funcionales al capitalismo extractivo, privilegiando la exportación de materias primas y manteniendo una economía dual donde coexisten sectores formales e informales sin cuestionar las estructuras de concentración. Por otro lado, las posiciones tradicionales de derecha, ofrecen sin ambigüedades la predisposición a favorecer a las élites económicas vinculadas al agronegocio. Los gobiernos del MAS no solo han reproducido el marco favorable al agronegocio heredado de los años 90, sino que lo han expandido significativamente: han negociado políticas públicas cada vez más convenientes para el sector, promovido medidas tributarias y crediticias favorables, y sostenido estos privilegios incluso durante las crisis más profundas. Así, bajo la retórica del "proceso de cambio", se consolidó la dependencia estructural hacia un agronegocio que opera como bloque histórico blindado frente a cualquier crítica, legitimado por un sentido común tecnocrático que lo presenta como solución natural, eficiente y políticamente neutral. De esta manera, se silencia sistemáticamente el debate sobre sus impactos territoriales, sociales y ecológicos[5]; así como sobre las alternativas productivas sostenibles, que si bien ya existen en los márgenes de la economía hegemónica son invisibilizadas o estranguladas financieramente. Paralelamente y como proceso consustancial, se ha consolidado una construcción identitaria del "hombre cruceño", emprendedor, moderno pero tradicional, con fuertes componentes racistas y clasistas que opera como dispositivo de legitimación cultural del modelo. En las últimas décadas, esta identidad ha sido alimentada con particular énfasis en momentos en que las élites cruceñas han visto amenazado alguno de sus privilegios, como pasó con mucha claridad entre los años 2006 y 2010. En la coyuntura actual, esta figura reaparece con un discurso redentor: “el emprendedor que debe rescatar al país del Estado centralista que asfixia al que trabaja". En este contexto, la violencia no es un efecto secundario del modelo, sino uno de sus pilares fundamentales. El modelo requiere fragmentación territorial, disciplinamiento social y subordinación institucional para garantizar su rentabilidad. El consenso discursivo que presenta al agronegocio como solución técnica y neutral es, en realidad, el velo que oculta estos procesos de despojo y exclusión sistemática. Finanzas grises y concentración económica Ahora bien, detrás del consenso discursivo analizado anteriormente se ocultan mecanismos concretos de acumulación, privilegio fiscal y captura institucional que constituyen el sustento económico real de lo que se conoce como el “modelo cruceño”. Lo que las élites agroindustriales han logrado construir no es un sistema de libre mercado, sino una sofisticada estructura financiera para la concentración de riqueza en pocas manos. Una pieza clave de esta estructura son las llamadas finanzas grises: flujos de capital legales, pero deliberadamente opacos, articulados a través de estructuras societarias complejas, fondos de inversión cerrados, fideicomisos, vínculos familiares entre élites bancarias y agroindustriales, y el uso estratégico de recursos previsionales, fondos de pensión y ahorro de los trabajadores. Aunque formalmente dentro del marco normativo, estas herramientas operan por fuera del escrutinio público y con nula rendición de cuentas sobre sus impactos distributivos o ambientales. La función de estas finanzas grises no es democratizar el acceso a recursos, como sugiere la narrativa de "inclusión", sino consolidar posiciones dominantes en el territorio, la producción y los mercados. Su opacidad no es un defecto del sistema, sino su característica importante de su modo de operar, permitiendo que actores estratégicos accedan a recursos públicos y financiamiento preferencial sin que estos flujos sean visibles para el debate público o la fiscalización ciudadana. Esta lógica se materializa en una estructura oligopólica donde los tres sectores núcleo del agronegocio boliviano, soya, ganadería extensiva y complejo azucarero, operan como conglomerados altamente concentrados. En conjunto capturaron en 2024 USD 3,194 millones, más del 15% de toda la cartera de créditos bancarios del país. Solo en la cadena de la soya, que representa la mitad de esos créditos, ocho grandes empresas dominan el acceso al financiamiento, acaparando el 63% del total de los créditos bancarios otorgados al sector. Esta concentración no responde a méritos de eficiencia, sino a un ecosistema de financiamiento selectivo marcado por la concentración en pocas familias y empresas, donde los actores hegemónicos acceden a condiciones extraordinariamente beneficiosas: préstamos en bolivianos con tasas de interés inferiores al 6% anual que les permiten evitar repatriar los dólares que generan las exportaciones, garantías públicas, exenciones tributarias y acceso privilegiado a recursos previsionales, todo ello con un bajo compromiso redistributivo o fiscal. Se estima que más del 10% de los fondos de pensión del país están, de forma directa o indirecta, canalizados hacia estos tres sectores mediante la banca. El agronegocio opera sobre una base sistemática de subsidios directos e indirectos que raramente son visibilizados en el debate público. A lo largo de las últimas dos décadas, los sucesivos gobiernos bolivianos han consolidado un marco legislativo y de políticas públicas crecientemente favorable al desarrollo del sector agroindustrial y ganadero. Entre los subsidios más significativos destaca la subvención al diésel agrícola, insumo esencial para los sistemas de cultivo mecanizado intensivo como el de la soya. El costo fiscal estimado de este subsidio ascendió, en promedio, a USD 204 millones por año entre 2009 y 2023[6], representando una transferencia masiva, sostenida y regresiva de recursos públicos hacia los actores más capitalizados del agro. Un ejemplo emblemático del marco de privilegios fiscales es el Régimen Agropecuario Unificado (RAU), vigente desde 1996, que fija un impuesto anual de tan solo Bs 3 por hectárea (menos de 50 centavos de dólar)[7]. Además, en 2019 se eliminó el requisito de reforestación en caso de sanción por desmonte ilegal, reduciendo aún más los costos operativos del sector. El Estado boliviano también ha canalizado inversiones públicas significativas hacia regiones de alta concentración soyera, como San Julián, San Pedro, Yapacaní, Cuatro Cañadas, Cabezas y Pailón. En estas zonas, donde ya existe una evidente sobrecapacidad instalada de transformación, se han destinado más de USD 115 millones a infraestructura productiva en el periodo 2009-2021[8], incluyendo plantas de acopio, procesamiento y transformación de soya. A esta inversión se suma el desembolso de USD 953 millones para la construcción y operación de la planta de urea en Bulo Bulo, cuyo destino principal también está vinculado al sector agroindustrial. Este proceso ha incluido el debilitamiento progresivo de la normativa socioambiental y la regularización de desmontes ilegales ocurridos entre 1996 y 2011, mediante la promulgación de la Ley N° 337, justificada bajo el argumento de garantizar la seguridad alimentaria nacional, sin importar para qué fueron usadas dichas tierras, incluyendo mercancías de exportación. Estas medidas no responden a decisiones aisladas, sino que se encuentran alineadas con los objetivos establecidos en los Planes Nacionales de Desarrollo, donde la expansión de la frontera agroindustrial ha sido reiteradamente definida como una prioridad estratégica del Estado. En este esquema, el sistema financiero no es solo un actor intermediario, sino un agente central de acumulación. Los principales bancos comerciales tienen vínculos patrimoniales, familiares o políticos con grupos agroindustriales, lo que facilita el flujo de crédito dirigido hacia operaciones que combinan agroindustria, inmobiliaria y contratos estatales. En gran medida, estos flujos financieros se g Por su parte, el gobierno actual ha impulsado que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (anteriormente los fondos de pensiones AFPs) se transforme, en silencio y sin debate público, en una fuente estratégica de financiamiento para el agronegocio, canalizados mediante fideicomisos que priorizan obras e infraestructura vinculadas al modelo exportador, sin criterios ambientales ni garantías de retorno social. El hecho de que recursos públicos construidos con el ahorro del trabajo de los ciudadanos sean utilizados para sostener una economía excluyente y ambientalmente destructiva, sin mecanismos de auditoría ciudadana, es uno de los puntos ciegos más alarmantes de la política económica boliviana contemporánea. El resultado de este andamiaje financiero es una estructura de mercado cada vez más cerrada, en la que los pequeños y medianos productores acceden al territorio, a subprestamos empresariales y a los canales de comercialización en condiciones de subordinación y dependencia. La promesa de un modelo "inclusivo" contrasta con una realidad en la que las reglas están diseñadas para privilegiar a quienes ya concentran activos estratégicos: tierra, capital, infraestructura, influencia institucional. El acceso al crédito rural está segmentado por tipo de actor y tenencia de la tierra. Quienes no forman parte de las redes agroempresariales consolidadas enfrentan tasas de interés del doble de las otorgadas a las grandes empresas que se asemejan a la usura financiera, menor plazo, mayores garantías y menor acompañamiento técnico. Lo mismo ocurre en el mercado de tierras, donde la titulación y compra-venta operan como mecanismos de acaparamiento en favor de grandes operadores que aprovechan vacíos normativos, intermediación política o simples operaciones de fuerza sobre territorios campesinos e indígenas. La capacidad del agronegocio de presentarse como "motor de desarrollo" descansa, precisamente, en que no se discuten los dispositivos financieros, fiscales e institucionales que hacen posible su reproducción. Y si bien se lo representa como un sector pujante, competitivo y autosuficiente, su funcionamiento real depende de manera estructural de la intermediación estatal, la canalización de recursos públicos, es decir, del conjunto de la sociedad boliviana, y la naturalización de un orden territorial desigual. Lo que el caso del Banco Fassil nos permitió entender Los mecanismos de financiamiento selectivo y concentración económica descritos en la sección anterior no son abstracciones teóricas, sino dinámicas concretas que operan a través de instituciones específicas y actores identificables. El colapso del Banco Fassil en 2023 ofrece una ventana excepcional para observar, en toda su magnitud y complejidad, el entramado de poder que sostiene el modelo agroindustrial cruceño. Más allá de un simple episodio de crisis financiera, este caso revela la intrincada arquitectura de relaciones que vincula al sector financiero con el agroindustrial, desmintiendo cualquier pretensión de separación entre ambos. Lo que inicialmente parecía ser una historia de éxito financiero, un banco que en menos de una década pasó de ser un pequeño fondo a convertirse en el séptimo banco del país, ocultaba un sistema cerrado de acumulación que la Unidad de Investigación Financiera calificaría posteriormente como "la estafa piramidal más grande de la historia" boliviana. El impacto público del colapso fue devastador: 900 mil ahorristas afectados, más de USD 1.140 millones de fondos previsionales en riesgo (4,7% del total), y la intervención estatal para evitar un colapso financiero sistémico. Sin embargo, lo más inquietante no fueron las cifras del desfalco, sino la radiografía que este episodio proporcionó sobre cómo operan realmente las élites económicas cruceñas. Una entidad que se jactaba de que su objetivo era promover la "producción", terminó funcionando como vehículo para la expansión especulativa de redes agroempresariales con conexiones políticas directas, en un contexto de regulación opaca y mucha permisibilidad institucional. El caso ilustra, en escala concentrada, todas las dinámicas analizadas previamente: financiamiento selectivo, vínculos familiares entre sectores, uso estratégico de recursos previsionales y externalización de riesgos hacia el Estado. La estructura de control del banco revela perfectamente cómo funcionan las finanzas grises: el Banco Fassil estaba controlado por seis familias cruceñas, Wille, Roca Suárez, Velasco Bruno (de la cual hace parte el candidato a vicepresidente de Jorge “Tuto” Quiroga), Urenda, Chahín y Pareja Roca, aglutinadas en la Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A. que, a su vez, controlaba Santa Cruz Financial Group S.A., entidad núcleo del conglomerado Fassil. Al frente de esta estructura se encontraba Juan Ricardo Mertens Olmos, quien presidía simultáneamente varias empresas del conglomerado, evidenciando la concentración extrema del poder decisorio. Esta estructura ilustra perfectamente el funcionamiento oligopólico del agronegocio: las mismas familias que dominan sectores específicos de la agroindustria diversifican su presencia hacia el sector financiero, manteniendo el control integrado sobre los recursos estratégicos. No se trata de sectores económicos autónomos que compiten entre sí, sino de un sistema verticalmente integrado donde un puñado de familias administra el flujo de capital entre sus propias empresas. La operación concreta de este sistema se evidenció cuando, entre 2018 y 2021, más de 50 empresarios recibieron créditos millonarios del banco para luego desviar aproximadamente USD 580 millones hacia la cuenta N° 324531 de Santa Cruz Financial Group. Lo alarmante no es solo la magnitud del desvío, sino la identidad de los principales beneficiarios, nombres clave del agronegocio cruceño. Entre los casos más notables aparece Luis Barbery Paz (Unagro), con USD 5.1 millones; Tatiana Marinkovic y Leonel Pedrotti (IOL), con otros 5.1 millones; Tsutomo Fukuhara Kimura (Agro Naciente S.R.L.), con 6.5 millones, y múltiples empresarios vinculados a la agroindustria y el sector inmobiliario. Estos no eran préstamos aislados, sino parte de un mecanismo sistemático donde Santa Cruz Financial Group compraba inmuebles a precios de mercado para luego venderlos al banco a precios inflados, mientras se otorgaban créditos millonarios a personas sin respaldo suficiente que debían traspasar un porcentaje a la matriz del conglomerado. Un elemento especialmente preocupante de este esquema fue la canalización de fondos previsionales hacia el sector agroindustrial, ejemplificando en un caso concreto la dinámica analizada en la sección anterior. El Fondo Renta Activa Agroindustrial, creado en 2019 y administrado por Santa Cruz Investments (parte del conglomerado Fassil), tenía como principal inversionista a las AFP (actualmente Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo). Este mecanismo ilustra cómo los ahorros de los trabajadores bolivianos fueron canalizados directamente hacia el agronegocio sin criterios de transparencia ni garantías de retorno social. Los nombres involucrados en el caso Fassil revelan además la integración entre poder económico y capacidad de incidencia política que caracteriza al modelo cruceño. El caso de Luis Barbery Paz resulta paradigmático. Como presidente ejecutivo de Unagro (Unión Agroindustrial de Cañeros), principal productor de azúcar y etanol del país, y simultáneamente como presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) entre 2019-2023, Barbery personifica la articulación entre intereses sectoriales específicos y representación empresarial nacional. Esta doble posición le permitió jugar un papel determinante en la aprobación e implementación de la Ley del Etanol, que estableció la mezcla obligatoria de gasolina con bioetanol y aseguró un mercado cautivo con precios garantizados para los ingenios azucareros. El hecho de estar involucrado en el caso de Banco Fassil no parece haberle afectado en su posición de poder y su capital social, en 2023 asumió la presidencia del "Pacto Global", donde actores internacionales de cooperación como las Naciones Unidas se reúnen con el sector privado bajo una agenda de "desarrollo sostenible". Algo similar ocurre con la familia Marinkovic, que tiene el control de Industrias Oleaginosas S.A. (IOL), y que representa el 22% de la capacidad de molienda de oleaginosas en Bolivia, formando parte de las tres compañías que controlan el 84% del sector. El caso Fassil desmiente definitivamente la ilusión de que los distintos sectores económicos operan de manera autónoma y competitiva. Lo que revela, por el contrario, es un sistema integrado verticalmente donde un puñado de familias diversifican su presencia manteniendo el control sobre los recursos estratégicos, utilizando las instituciones financieras como vehículos para consolidar y expandir su poder económico. Durante años, el directorio se autoasignaba dietas mensuales de USD 45.000 por apenas ocho reuniones al mes, mientras construía un esquema que acabaría comprometiendo los ahorr Las finanzas grises permiten que recursos públicos y privados circulen por canales opacos para consolidar posiciones dominantes que trascienden las fronteras sectoriales y regionales, contando además con recursos públicos sin mecanismos adecuados de fiscalización. La quiebra del Banco Fassil pone en duda la supuesta lógica técnico-económica que motivaría a la Gestora en sus decisiones de inversión, revelando más bien una captura institucional que subordina el interés público a redes de poder específicas. Más que un caso aislado de corrupción financiera, el colapso expone los mecanismos concretos mediante los cuales el agronegocio cruceño ha logrado trascender su carácter aparentemente regional para constituirse en una estructura de poder que determina las prioridades económicas nacionales. La paradoja del emprendimiento cruceño. Cuando el mito colapsa ante la realidad La imagen del empresario cruceño como figura autónoma que prospera "sin ayuda estatal" constituye quizás el relato más poderoso del modelo agroindustrial. Esta narrativa no solo sirve para legitimar a estas élites, sino también para ocultar una historia de transferencias sistemáticas de recursos públicos que se remonta a décadas. Los casos analizados anteriormente demuestran que el agronegocio no prospera a pesar del Estado, sino precisamente a través de su captura y utilización estratégica. Sin embargo, lo que resulta paradójico es que mientras mayor es esta dependencia estructural, más intenso se vuelve el discurso autonomista. Esta paradoja no es accidental, sino funcional al modelo, es el paraguas que permite transferir las consecuencias, ambientales, sociales, territoriales, hacia el conjunto de la población y la naturaleza, mientras se privatiza sistemáticamente no solo los beneficios económicos, sino también el mérito del "éxito empresarial". Pero esta lógica extractiva, que durante décadas pudo mantenerse relativamente invisible para amplios sectores de la sociedad boliviana, comienza a mostrar grietas cuando se examina la realidad concreta de sus operaciones, como hemos visto en este artículo. El caso reciente de Las Londras resulta emblemático en esta desmitificación. Este episodio reveló un patrón de despojo sistemático de tierras fiscales dentro de la Reserva Forestal Guarayos, donde empresarios presentados inicialmente como víctimas de avasallamiento resultaron ser también ocupantes ilegales que accedieron a tierras fiscales mediante compra-ventas ficticias, fragmentación fraudulenta de predios y uso de documentación falsa. Paralelamente, otros actores usurparon identidades campesinas e indígenas, crearon comunidades ficticias con personerías jurídicas exprés y se beneficiaron de vínculos con operadores políticos del MAS y la complicidad del INRA. Esta operación ilustra cómo el supuesto "emprendimiento autónomo" se construye, en realidad, mediante la instrumentalización de marcos legales, identidades sociales y complicidades institucionales para apropiarse de territorios que luego serán presentados como fruto del "trabajo honesto" y la "iniciativa privada". Las consecuencias de este modelo, acumuladas por décadas, han trascendido los límites rurales y regionales para convertirse en una crisis que afecta la vida cotidiana de millones de bolivianos. La degradación ambiental provocada por la deforestación masiva, el uso intensivo de agroquímicos y la pérdida de biodiversidad representa un costo que asume no solo la sociedad boliviana, sino la vida en general, algo que no aparece jamás en los balances corporativos. Lo mismo ocurre con los costos sociales: precarización laboral, desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, y profundización de desigualdades territoriales que se extienden mucho más allá de las fronteras departamentales. En estos últimos años, el síntoma más visible de este fenómeno es el humo que cada año envuelve no solo las "zonas de sacrificio" rurales que se amplían sin control en las tierras bajas, sino también a los centros urbanos. En 2024, los incendios provocados que se relacionan directamente con este modelo productivo generaron un incremento del 40% en problemas respiratorios y del 28% en casos de conjuntivitis solo en Santa Cruz de la Sierra. Las clases presenciales debieron suspenderse, las actividades al aire libre se volvieron peligrosas y miles de familias se vieron obligadas a permanecer encerradas mientras el aire se volvía irrespirable. Este humo no solo significa la muerte en llamas de millones de seres vivos, sino que materializa las múltiples violencias de un modelo que promete desarrollo, pero entrega enfermedad, que promete progreso, pero genera destrucción. Sin embargo, como decíamos antes, el agronegocio y sus implicaciones no pueden ser considerados un "problema de Santa Cruz" o un asunto regional. Se trata de una discusión que debe nacionalizarse e incluso internacionalizarse, porque sus efectos trascienden fronteras departamentales y nacionales. La deforestación en Bolivia contribuye al cambio climático global, los agrotóxicos contaminan cuencas que atraviesan varios países, el modelo extractivo que se consolida aquí se replica en toda América Latina bajo las mismas lógicas de despojo y concentración, y sus postulados económicos precarizan la vida de millones de personas. La pregunta ya no es si Bolivia puede darse el lujo de cuestionar este modelo, sino si puede darse el lujo de no hacerlo. En este contexto, resulta inadmisible que en el proceso electoral de 2025 este tema se plantee superficialmente y solo desde las narrativas hegemónicas. Es fundamental buscar respuestas a la crisis económica que atraviesa Bolivia, pero estas no pueden pasar por beneficiar a un sector oligopólico cuyas prácticas precisamente generarán las condiciones para la profundización de esta crisis en el mediano y largo plazo. Que todos los candidatos presidenciales coincidan en promover el mismo modelo que está destruyendo territorios y enfermando a la población constituye una afrenta directa no solo para la sociedad boliviana, sino para la vida en general. El consenso que naturaliza la expansión agroindustrial como única vía de desarrollo no es expresión de madurez política, sino de captura institucional y de encubrimiento político. Mientras el aire se vuelve irrespirable y los territorios se convierten en zonas de sacrificio, la clase política debate sobre matices técnicos de un modelo cuya viabilidad social y ecológica ya colapsó, sin comprender que apostar por él significa ahondar la crisis que pretenden resolver. En este sentido, la tragedia no es solo ambiental, es también democrática. [1]  La idea de promover exportaciones como única salida a las crisis no es nueva. ''Exportar o morir'' fue el lema de la economía banzerista, mismo que ganó popularidad durante la crisis de la hiperinflación en 1985 y fue retomado por Gonzalo Sánchez de Lozada en varias oportunidades, en particular en el 2003, durante la Guerra del Gas.  [2] El Eastern Lowland Project fue un programa de desarrollo agrícola financiado por el Banco Mundial que no solo implementó por primera vez en escala masiva el cultivo de soya, sino que estableció la infraestructura institucional y financiera que sigue sustentando al agronegocio cruceño: desde sistemas de crédito especializado hasta la consolidación de redes empresariales que articularon producción, procesamiento y exportación. [3] Este artículo presenta un adelanto de los resultados de la investigación "Sembrando desigualdad, cosechando poder: La economía política del agronegocio en Bolivia". El estudio completo, que documenta en detalle las dinámicas aquí analizadas con evidencia cuantitativa y cualitativa exhaustiva será publicado como libro en los próximos meses. La investigación examina la estructura de poder del agronegocio boliviano, sus mecanismos de acumulación, su relación con el Estado y sus impactos territoriales y socioambientales. [4] La Doctrina del shock fue publicada por Naomi Klein el año 2007. [5] En su libro Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea, Horacio Machado explica que el extractivismo "tiene que ver con la forma originaria y fundacional a través de la cual el capitalismo ha concebido la Naturaleza y con el modo de relación que ha impuesto sobre la Tierra como condición para su desarrollo y expansión." [6] Estimación propia en base a una extrapolación del estudio de Julio Prudencio Borht (2023). [7] Hay que aclarar que, aunque el D.S. N.º 24463 establece tarifas fijas por hectárea que disminuyen cuando la superficie aumenta, especialmente si se declara como uso pecuario (por ejemplo, Bs 0.63/ha. en Santa Cruz), muchos predios agrícolas declaran parte de la superficie como pecuaria para acceder a las tarifas más bajas. Por ello, en promedio, aunque legalmente no figure una tarifa de Bs 3, el monto efectivo promedio de grandes propietarios es cercano a Bs. 2,80, lo que refleja la naturaleza regresiva del RAU. Es decir, quienes poseen más tierra terminan pagando menos por hectárea. [8] Estimación de los investigadores con base a distintas fuentes.

En Violencia política contra la reproducción de la vida. Diálogos para repensar las relaciones de poder en Bolivia, lxs investigadorxs del Centro de Estudios Populares (CEESP) ofrecen una mirada plural y crítica sobre las dinámicas de poder que afectan a las organizaciones sociales de base en Bolivia. A través de cuatro ensayos interconectados, este libro desafía las narrativas convencionales, explorando las formas sutiles y sostenidas de violencia política que erosionan la autonomía y la capacidad organizativa de los tejidos sociales de base. Desde las comunidades del Valle Alto hasta las organizaciones estudiantiles, y avanzando hacia las estructuras históricas de opresión, lxs autorxs desentrañan cómo las lógicas partidistas, estatales y patriarcales se entrelazan para silenciar las voces que buscan «poner la vida en el centro». Esta obra es una invitación urgente a repensar las estrategias de resistencia y transformación social en Bolivia, ofreciendo claves útiles y refrescantes para un presente en crisis y confuso.

Desde el 2021, el Centro de Estudios Populares (CEESP) y la Asociación de Riego Productores Agrícolas Pozo de Flores de Arani (Cochabamba) han mantenido un diálogo constante sobre los desafíos que enfrenta la organización, sus agendas, aspiraciones y perspectivas. A lo largo de este proceso, hemos aprendido mucho sobre la historia de las mujeres que se han organizado en torno a un pozo de agua y las soluciones creativas que han implementado para hacer frente a la escasez de agua en el Valle Alto. Su asociación se distingue de las dinámicas tradicionales de la región, ya que, entre otros aspectos, ha surgido como respuesta a la constante violencia y marginación ejercida por las organizaciones de varones que gestionan el agua para riego. Aunque el agua, el riego y la producción agrícola son el foco principal de la organización, las mujeres que han coordinado el presente trabajo, y que forman parte de la organización, han expuesto claramente que estas labores productivas están estrechamente vinculadas a los trabajos domésticos y de cuidado, de los cuales ellas se encargan simultáneamente. En este contexto, surge su interés por narrar su día a día y visibilizar las actividades que realizan y consideran importantes, pero que muchas veces quedan invisibilizadas y desvalorizadas por sus familias y la comunidad. Parte de esta historia se relaciona con el anhelo de tener un pozo propio, el deseo de formar una organización de mujeres y los altibajos enfrentados para lograr estos objetivos.Es así como se decidió escribir este texto, que presenta un relato de muchas voces sobre la cotidianidad de las mujeres del Pozo de Flores, los cambios en la producción, las diferencias entre los trabajos productivos y reproductivos que realizan hombres y mujeres, y la participación de niñas y niños en estas actividades. La frase que acompaña a este texto refleja este propósito: «Warmiq thaskiynin llank’ana patapi», que se traduce como «la mujer avanzando en el trabajo». «Llank’an» significa labrar la tierra y también trabajar en su sentido más amplio. «Warmiq» se refiere a la mujer. «Thaskiynin» alude al camino, a caminar, surgir, mirar hacia adelante, es decir, avanzar como mujer.

En este texto, el equipo del Centro de Estudios Populares (CEESP) reflexiona sobre su metodología de investigación-acción y su perspectiva epistémica de trabajo con comunidades y organizaciones de base. Se examina críticamente el enfoque de «poner la vida en el centro», explorando cómo abordar temas cruciales como el agua, la salud, la producción agrícola y la violencia. El equipo analiza su valoración de los procesos colectivos, su reconocimiento de la política en la vida cotidiana, y su rechazo a la neutralidad en la investigación. Esta reflexión profunda revela el compromiso del CEESP con una práctica investigativa transformadora, arraigada en realidades concretas, destacando la importancia de relaciones respetuosas y horizontales en la producción de conocimiento.

Este podcast es el resultado de un proceso de auto-investigación de la Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas (RMTS) de Bolivia que fue acompañada por el CEESP. La RMTS es una red de trabajadoras de diversos sectores y sindicatos, como el magisterio, los mercados, transporte, periodismo, construcción y muchos más. El eje central de este podcast gira en torno a la violencia política que vivimos las mujeres en el ámbito sindical.  Abordamos las violencias que debilitan a todo el ámbito sindical como la cooptación política, la fragmentación y los intereses personales de las dirigencias.  Pero también tocamos las violencias que nos afectan específicamente como mujeres, y que reflejan la continuidad de las prácticas patriarcales en el sindicalismo en Bolivia. Esperamos llegar a otras mujeres trabajadoras y sindicalistas, que seguramente reconocerán muchas de las experiencias que compartimos, pero también a mujeres y hombres de otros ámbitos, para poder desmontar juntas y juntos las múltiples violencias que atraviesen el ámbito de las organizaciones sociales bolivianas. ¡Escucha a las Boconas,   Mujeres Trabajadoras Desmontando el Sindicalismo Patriarcal! Episodios 1. ¿Qué es la violencia política en el ámbito sindical? En este primer capítulo, las mujeres de la Red compartimos nuestras experiencias sobre la violencia política en el ámbito sindical en Bolivia y su impacto en nosotras y otras mujeres dentro de sindicalismo. Al analizar las injusticias que hemos enfrentado y las que sabemos que otras mujeres han sufrido, resaltamos la importancia de identificar y nombrar este tipo de violencia para poder desmontarla. Escuche en Ivoox. 2. ¿Por qué las mujeres enfrentamos tanta violencia en los sindicatos? En este capítulo, las mujeres de la Red compartimos nuestro análisis a partir de un proceso de auto investigación sobre las condiciones que propician la violencia política en el ámbito sindical. Abordamos los profundos problemas que atraviesan los sindicatos de Bolivia, en particular la Central Obrera Boliviana, los cuales están condicionados por prácticas dirigenciales profundamente patriarcales. Escuche en Ivoox. 3. ¿Qué pasa con las denuncias por violencia en el ámbito sindical? Continuamos conversando entre compañeras sindicalistas de la Red sobre la violencia y el proceso de denuncia. Resaltamos lo complicado que resulta denunciar la violencia política en el ámbito sindical, especialmente para las mujeres, debido al pacto patriarcal que encubre a los hombres. Escuche en Ivoox. 4. Nuestras propuestas en la Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas En el último capítulo, compartimos más detalles sobre nuestra Red y nuestras propuestas para desmontar el sindicalismo patriarcal. Esperamos motivar a otras mujeres trabajadoras y sindicalistas a unirse a este espacio y levantar su voz frente a las violencias que enfrentamos. Escuche en Ivoox.

A principios del año 2021, cuando la polarización política en Bolivia estaba en su punto más álgido luego de la crisis de 2019, desde el CEESP nos cuestionamos sobre cómo proponer claves interpretativas sobre la realidad boliviana que sean capaces de trascender los lugares tan estériles de la política estadocéntrica, que tendía a organizar el escenario de la política en un esquema binario, en el que se forzaba a tomar partido, suprimiendo la crítica y simplificando la compleja situación social que atravesaba el país. Nuestra pregunta era: ¿cómo se pueden abordar los problemas de fondo de la sociedad boliviana, reposicionar temas relativos al antagonismo social y elaborar estrategias de transformación social sin caer en las tan estériles inercias en las que se encontraba inscrita la política partidaria boliviana? Nuestra respuesta fue: mirar hacia abajo, pero desde una perspectiva y un hacer crítico. Una de las grandes problemáticas aparejadas a la dinámica polarizante es que, con el tiempo, termina capturando a las propias organizaciones de base, aquellas que toman forma y se reúnen para resolver problemas de la vida cotidiana. Las dirigencias de estas organizaciones, más aún cuando éstas operan desde formas verticales, rápidamente tienden a «tomar partido» en el escenario de la polarización, lo que deriva en que gran parte de la energía de estas organizaciones sea destinada a apuntalar esta dinámica de confrontación partidaria, relegando a un segundo plano de importancia problemas de fondo relativos a gestionar problemas comunes y a la reproducción de la vida en general.También consideramos importante evitar caer en una mirada que romantiza e idealiza el abajo como el lugar en el que siempre se enuncia lo «correcto», y también evitando catalogar a una organización por encontrarse, especialmente sus dirigencias, cercana a algún partido político, en el marco de la polarización.Así, nuestro punto de partida, que nos permitía mantener discusiones de interés para las organizaciones de base, abriéndonos paso entre los relatos de la polarización, fue comenzar diálogos que «ponen la vida en el centro». Es decir, comenzamos a organizar la discusión desde los problemas más inmediatos que tenían que ver con la reproducción de la vida.En el campo, estos problemas tenían que ver con la sequía y el riego, con la erosión de los suelos, con la migración sistemática de los jóvenes hacia centros urbanos, el Chapare u otros países, con el estado de los caminos, con la monopolización de los mercados campesinos, el alza de precios de los insumos para la agricultura, el acceso a la salud, las violencias hacia mujeres y hombres, aunque con distintas características, etc. En la ciudad, los problemas tenían que ver con la falta de empleo y el hambre, con la falta de agua potable, con el estado de las calles, con la inseguridad en los espacios públicos, la discriminación y estigmatización hacia los sectores populares, el acceso a la salud, etc. Y, tanto en el campo como en la ciudad, todos estos problemas los discutimos a la luz de una pandemia en curso, lo que terminó por acentuar de manera dramática todos estos problemas. Este trabajo permitió entender cómo la dinámica polarizante termina por dificultar la posibilidad de resolver estos problemas o de generar algún tipo de resistencia o lucha en torno a ellos.Sin embargo, al avanzar en esta discusión, poco a poco nos dimos cuenta de que era mucho más fácil entablar este diálogo con las mujeres que formaban parte de estas organizaciones que con los varones, que estaban más preocupados por las discusiones partidarias. Ellas eran las que más participaban y querían dialogar sobre estas problemáticas, y estaban interesadas en que las mismas se dieran a conocer hacia afuera de sus organizaciones, pero también para que sus propias organizaciones mixtas las reconocieran.En particular, nos encontramos con un gran interés por dialogar desde la perspectiva de «poner la vida en el centro» en una organización de mujeres regantes campesinas, en el Valle Alto de Cochabamba. En este caso fue muy interesante conocer cómo las mujeres que se hacían cargo de esta organización venían impulsando sus propias agendas y reivindicaciones en el marco de un conjunto de otras organizaciones mixtas, algunas casi exclusivamente masculinas, muchas de las cuales les habían puesto trabas en los últimos años.Es decir, si bien existía mucho interés por parte de las bases, en especial de las mujeres, por hablar de estas problemáticas cotidianas que les afectan y que merecen la atención colectiva, entendimos que tanto en las organizaciones mixtas como en las organizaciones exclusivamente de mujeres operaban algunas dinámicas que tendían a silenciar las voces que ponían estas temáticas vitales en el centro de atención, forzando a que la discusión volviese al redil de la polarización, al de la definición de candidatos, al de las alianzas, al de la repartición de puestos. La política estadocéntrica se posicionaba por encima de la política de la vida cotidiana.Por todo esto, vimos que la importancia de hablar de las agendas que ponen la vida en el centro al interior de las organizaciones de base no podía ser desvinculada de una discusión sobre la violencia política que se ejerce al interior de estas organizaciones, violencia que tiende no solo a desplazar a un segundo plano las problemáticas más urgentes y necesarias de las personas que hacen parte de estas organizaciones, sino que también tiende a organizar la micropolítica de los barrios y de las comunidades en torno a las necesidades y disputas de la «alta» política.Pero esta violencia política es particular. Por lo general, se suele relacionar el término de violencia política con la violencia ejercida por el estado a través de sus órganos represivos, a través de la criminalización de la protesta y de las voces críticas; pero pocas veces se asocia la violencia política, es decir, la violencia que proviene de las instituciones del estado y de las relaciones que lo recrean y actualizan, como formas de violencia que se viven en la cotidianeidad. En el día a día de las organizaciones de base operan, de manera sistemática, distintas violencias, muchas de las cuales se entienden de manera separada de la dimensión política. Las violencias patriarcales son las más evidentes, aunque también es posible hallar violencias de otra índole, como las coloniales y clasistas.Sin embargo, a la luz del trabajo que han venido realizando distintos feminismos es posible entender cómo las violencias, en este caso patriarcales, terminan por recrear jerarquías y por organizar un conjunto de relaciones sociales en la vida cotidiana de las personas. Fue así como, en el caso de las organizaciones de base con las que estábamos trabajando, comenzamos a jalar un hilo muy interesante y nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo la exacerbación de los pactos patriarcales al interior de las organizaciones recrea un conjunto de violencias que terminan por disciplinar y regular la dinámica de éstas, y lo hace en torno a los intereses de grupos de poder que operan desde el estado?Y aunque consideramos que no es la única, entendemos que la violencia patriarcal es en el presente uno de los principales vehículos de ejercicio de la violencia política al interior de las organizaciones sociales de base en el país.Ante un escenario de la política estatal cada vez más descompuesta y una crisis económica que comienza a afectar a la mayoría de la población, es natural que las organizaciones de base se vuelvan cada vez más contestatarias, ya que su propósito final es el cuidado y la reproducción de la vida, algo que comienza a dificultarse cada vez más en estos tiempos. Las discusiones sobre quién será candidato, sobre las disputas interpartidarias, sobre las acusaciones entre gobernantes, no pueden ser temas que siempre estén en el centro de la agenda política de estas organizaciones.Pero cuando se comienzan a poner temas relevantes, relativos al agua, alimentos, salud, etc., sobre la mesa de discusión, temas que son principalmente discutidos por mujeres, comienzan a operar distintas violencias para forzar el disciplinamiento al interior de estas organizaciones. Desde ignorar a las mujeres que tienen la palabra hasta el acoso sexual, pasando por una serie de acusaciones ceñidas a los estereotipos patriarcales (mala madre, favores sexuales, incapacidad, etc.), estas violencias terminan no solo por reposicionar una política controlada por varones, sino que la recreación de estas jerarquías al interior de las organizaciones termina por generar un canal de disciplinamiento de toda la organización a los requerimientos de grupos de poder que controlan o disputan las instituciones del estado.Y esto no solo sucede al interior de organizaciones mixtas, sino que también es una violencia que opera de manera directa contra organizaciones que deberían ser exclusivamente de mujeres, como la organización de mujeres campesinas indígenas «Bartolina Sisa». Al estar esta organización profundamente vinculada a la organización campesina general y a sus luchas históricas, se suele utilizar este argumento como justificante para la intervención de varones en las organizaciones de mujeres que, en teoría, son autónomas. No solo se intenta subordinar el accionar de esta organización, sino que incluso se imponen dirigentes varones al interior de las organizaciones campesinas y se limita su posibilidad de participación en otras instancias de la política sindical.Además, todas estas violencias, tanto en organizaciones mixtas como exclusivas de mujeres, se han incrementado sustancialmente en tiempos de la pandemia y de crisis política, donde los mandatos hacia las organizaciones de base terminaron afectando mucho más la participación política de las mujeres, las cuales fueron empujadas a los ámbitos domésticos para ejercer trabajos de cuidado, mientras los varones fueron los que se quedaron ejerciendo el control de las organizaciones.En fin, entender cómo opera la violencia política al interior de las organizaciones de base y relacionarla con el problema de la reproducción de la vida, nos ha llevado a un lugar muy interesante para abordar la política boliviana actual: la desarticulación y el repliegue de la trama organizativa popular. Si bien a inicios del siglo XXI, el freno al neoliberalismo fue impulsado por una variopinta constelación de organizaciones sociales, cuyos procesos organizativos de base pusieron sobre la agenda pública una variedad de reivindicaciones que implicaban transformaciones de fondo en la síntesis social boliviana; en el presente, esa capacidad de impugnación del orden dominante está totalmente disminuida y, en todo caso, se puede observar cómo gran parte de la energía de las organizaciones sociales está subordinada a las lógicas del poder.Consideramos que esta forma de violencia política que se ejerce al interior de las organizaciones de base no solo permite entender cómo se inhibe la participación política de las mujeres en organizaciones sociales, sino que también permite dar cuenta de la manera en que se han producido procesos de desarticulación de la fuerza popular que otrora producía capacidad de transformación social y visibilización de horizontes alternativos.

Esta cartilla tiene el ajayu de diferentes mujeres y nace a raíz de la complicidad entre mujeres sindicalistas (específicamente de la Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas de Bolivia) y mujeres que estamos cerca de ellas. El texto fue escrito a varias manos, como parte de una apuesta de co-creación colectiva de conocimiento. Este proceso empezó a soñarse hace casi dos años, en los que hemos ido cuestionado la manera en que, de forma casi velada, las mujeres somos relegadas en el sindicalismo. No se puede decir que en los sindicatos del país está prohibida la presencia de las mujeres, al contrario, hay una importante participación femenina en los espacios sindicales bolivianos. Sin embargo, la afiliación de un gran número de mujeres al mundo sindical no necesariamente implica que ellas puedan participar de la misma manera que los varones y todo parece indicar que el hecho de que las mujeres figuremos en las listas y asistamos a las reuniones de los sindicatos bastaría para enarbolar la equidad de género, dejando de lado varias particularidades del hecho de ser mujer y sindicalista, que revelan la forma con que muchas veces nuestra presencia es recibida. Mientras reflexionábamos sobre las particularidades incómodas y difíciles de ser mujeres sindicalistas, también saltaron a la vista varias formas del ejercicio de la autonomía en diferentes ámbitos, tanto como sujetas individuales, como mujeres que somos parte del movimiento sindical boliviano. Reconocer estas situaciones es lo que nos lleva a escribir y reflexionar con el fin de dar un primer paso para que las mujeres sindicalistas escriban/escribamos nuestra propia historia y tomemos las riendas de la producción de conocimiento, tanto para la academia como para los espacios más cotidianos y populares. Esta misma cartilla es un reflejo de las formas creativas en que las mujeres nos encontramos para tejer juntas y ser cómplices de lucha, de trabajo, amistad y también de investigación, así como de la fuerza propulsora del deseo para accionar en nuestras vidas. Con el apoyo de: 

Este libro es una invitación a un recorrido, cual viaje por río, por el Trópico  de Cochabamba y el norte yungueño de La Paz, pasando por el piedemonte encañonado donde inicia Rurrenabaque y se une con los Llanos de Moxos en Beni, hasta llegar a las rojizas tierras de Pando. Un recorrido por la Amazonía a través de su pasado, presente y futuro. Reflexionamos sobre la paradoja del bosque tropical más húmedo del planeta que ahora vive una crisis hídrica histórica; el boom minero aurífero y la generación de riqueza, y su relación con pasivos y degradación socioambiental; los cambios demográficos que llevan a las familias amazónicas a fluir entre el asentamiento y la movilidad; y las relaciones de todas estas dinámicas con estructuras regionales, nacionales y transnacionales. También exploramos las controversiales directrices de la comunidad internacional, que inyecta millonarios recursos económicos a la Amazonía para “salvarla” y conectarla, desvinculándola de su propia naturaleza.