Las mujeres que forman parte de organizaciones políticas en Bolivia enfrentan cotidianamente una serie de retos que hacen de su camino un espacio accidentado, con características más complejas que el de sus pares varones. En este Boletín, analizamos algunas de las características de este caminar a partir de la experiencia de dos organizaciones de mujeres: la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia y las mujeres guaraníes organizadas en la Asamblea del Pueblo Guaraní en el Chaco boliviano. Bolivia se caracteriza por tener una alta densidad de espacios organizativos, en los cuales hombres y mujeres ejercen sus derechos políticos de forma colectiva y comunitaria, siendo este formato el que históricamente ha sido más efectivo para autogestionar los temas de la reproducción de la vida o, en otros casos, para lograr algún tipo de atención desde las instancias estatales frente a la desigualdad estructural. Si bien este tejido organizativo sigue presente, se ha ido modificando profundamente en las últimas décadas. El contexto de polarización en torno a la dinámica política partidaria ha generado una serie de deterioros en las prácticas organizativas. Entre algunas manifestaciones de ello se encuentra la cooptación, fragmentación y los liderazgos marcados por intereses personales. (Como se describe ampliamente en el libro del CEESP: Poniendo la vida en el centro). En Bolivia existe todo un bagaje de normativas para garantizar el ejercicio de la participación política de las mujeres y evitar la violencia sobre sus vidas. La Ley 243 “Contra el Acoso y Violencia Política”, diferencia entre acoso y violencia política, entendiendo el primero como actos de presión, persecución, hostigamiento y amenazas y a la segunda, como las acciones y agresiones físicas, sexuales o verbales. Ambas expresiones tienen la finalidad de impedir, entorpecer, evitar o restringir la participación de las mujeres en espacios organizativos. Sin embargo, las leyes no van acompañadas de una institucionalidad sólida que garantice el cumplimiento de estas leyes en el ámbito político y organizativo, y mucho menos a un nivel local. En este contexto, las mujeres indígenas, originarias y campesinas (IOC) han visto amenazados los espacios de participación y decisión que habían llegado a ocupar en sus organizaciones.  El CEESP ha estado trabajando con dos grupos de mujeres, uno en el Valle Alto de Cochabamba y otro en el municipio de Huacaya en el Chaco boliviano. Desde los diálogos, a través de este boletín, intentamos visibilizar algunas de las dificultades que marcan su participación política, así como las estrategias que emplean para superarlas. Las Bartolinas del Valle Alto La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia nació con el propósito de que las mujeres indígenas y campesinas del país logren una plena participación política dentro y fuera de sus organizaciones de base. Si bien esta organización tiene independencia política, hace parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Las Bartolinas están compuestas por una mayoría de mujeres quechuas y aymaras, se organizan de forma sindical y actualmente su organización es abiertamente afín al Movimiento al Socialismo. En el Valle Alto las centrales y subcentrales reúnen a más de 2 mil mujeres, y desde su creación hasta el presente han enfrentado varios retos, entre ellos, la violencia política que viene tanto de compañeros y organizaciones cercanas, como también de aquellos que son sus antagonistas en el ámbito político. Esta situación ha empeorado a partir de la crisis política de 2019 y las implicaciones de la pandemia. Las mujeres guaraníes del municipio de Huacaya La población guaraní del país está organizada en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), espacio organizativo en el que se permite la participación de mujeres, pero, a diferencia de la estructura de la CSUTCB, no tiene un espacio independiente compuesto exclusivamente por mujeres.  Existe liderazgos femeninos, sobre todo es común que las mujeres ocupen carteras como la de género y educación, tanto en espacios comunales como zonales. Pero su participación muchas veces queda reducida a estos ámbitos. El municipio, que cuenta con dos zonas guaraníes (Huacaya y Santa Rosa), está ubicado en el Chaco chuquisaqueño, en la provincia Luis Calvo. Este sector está habitado por guaraníes, ganaderos, campesinos y gente autodenominada chaqueña, siendo los guaraníes la población que, a pesar de ser una mayoría, todavía es vista con menosprecio por los demás sectores, que los acusan de “flojos” dada la noción diferente del uso de recursos como la tierra y el uso del tiempo. En este contexto y como una forma de restitución histórica, la APG ha optado por impulsar la conversión de municipios a Autonomía Indígena (AIOC). Este proceso es visto con esperanza por las mujeres, porque implica la posibilidad de mejorar distintos aspectos de su vida cotidiana, mejorando la salud y educación y generar liderazgos más sólidos: «Sí, queremos llevar a una mujer para que esté en el nuevo gobierno autónomo, en algún cargo, que sea capaz de hablar por nosotras como mujeres. Porque la mujer es la que ve que hay falta en el hogar, lo que falta en la comunidad, es la que menos se deja manipular por otras personas«. (Gabriela, capitana comunal de una comunidad en Santa Rosa) Sin embargo, el camino no ha sido fácil, en la zona de Huacaya otros sectores de la población se han organizado para impedir la instauración del nuevo gobierno indígena originario. En cambio, en Santa Rosa, la oposición ha encontrado la manera de insertarse en la nueva estructura para mantener su poder. En este proceso las mujeres han sido una de las fuerzas motoras, organizándose desde las bases para garantizar los avances en la AIOC, desde hacer vigilia en el Tribunal Electoral de Sucre, como movilizarse para impedir los bloqueos del sector contrario a la autonomía indígena. Experiencias concretas de violencia política en una Bolivia plurinacional Cuando analizamos la violencia política contra las mujeres en Bolivia, es importante aplicar una mirada interseccional, diferenciando entre violencias que enfrentan todas las mujeres y violencias que se agravan notoriamente en la realidad de las mujeres indígenas, originarias y campesinas. Violencias por ser mujer Una de las violencias más estructurales que enfrentamos las mujeres es justamente la negación de la posibilidad del ejercicio político. Esto se hace evidente en las siguientes circunstancias: La exclusión en la toma de decisiones en los espacios mixtos. Si bien en la mayoría de las organizaciones de base, como también en los municipios rurales, las mujeres asumen ciertos cargos de autoridad, en muchas ocasiones son excluidas del espacio de negociación y decisión sobre temas fundamentales, como la tierra, los recursos naturales o las candidaturas políticas. Esta exclusión deliberada hace que la paridad se convierta en algo netamente formal, para la foto, pero no en algo sustancial, tal y como lo señala una de las participantes del Valle Alto: “Es diferente cuando participamos como mujeres en asambleas, no hablamos. Da miedo. Aquí se habla de si sube el precio de algo, si alguna tiene problemas. Eso no pasa cuando están los hombres”. Las limitaciones que se imponen desde la normalización de la desigualdad en las tareas de la casa para participar en espacios orgánicos o políticos. Los roles todavía perjudican, sobre todo, en la vida privada. Todavía permanece la idea de que los hombres “ayudan” en la casa, sin asumir responsabilidad plena, al igual que las mujeres. Los múltiples días laborales que asumimos las mujeres por estos roles impuestos de cuidado impide participar activamente en las organizaciones. Doña María Teodora, de Santa Rosa, resume el mandato que se le es impuesto: “la mujer es para la casa, la mujer tiene que estar en su casa, mayormente el esposo no está de acuerdo con que la mujer salga, [dice:] ‘¿a qué había salido?, ¿a  qué ha ido a buscar algo fuera de la comunidad?’”. Cuando las mujeres empiezan a crear espacios u organizaciones exclusivamente de mujeres, tienen que superar un montón de dificultades. En el Pueblo Guaraní no existe una organización consolidada de mujeres, no lo permiten los varones. Argumentan que significaría una ruptura en la necesaria unidad del pueblo. Sin embargo, tampoco se pueden ver esfuerzos para realmente democratizar el poder en la APG, siendo las formas de liderazgo todavía sumamente masculinizadas, y con poco interés en las propuestas y demandas que se plantean desde las mujeres. En el caso de las Bartolinas, en el Valle Alto que ya han consolidado su propia organización de mujeres hace décadas, se han visto nuevas amenazas a este espacio seguro. En el tiempo de la pandemia, las restricciones de movilidad impactaron negativamente en la organización, haciendo de las asambleas un espacio al que pocas mujeres podían asistir por las restricciones de aforo. Este hecho repercutió negativamente, puesto que la situación fue aprovechada por varones cercanos, que empezaron a asistir a las reuniones en representación de sus esposas y madres. Aunque la situación crítica por el covid-19 ya hubiese pasado, ellos nunca dejaron este espacio y ahora inundan la organización, desinformando desde el pretexto de que las organizaciones de mujeres debilitan la unidad de la lucha y, así, ocupan los espacios que corresponden a las mujeres. Por otro lado, surge  la violencia y amenazas con tinte machista y/o sexual, descalificación y estigmatización que recibimos las mujeres cuando estamos en un cargo de liderazgo. Es como si hubiese una lupa sobre todo nuestro accionar, incluso a nivel privado, buscando pretextos para descalificarnos. Varias mujeres nos contaron que cuando ellas salen a reuniones o viajes fuera de la comunidad, les genera directamente una estigmatización, poniéndolas en el lugar de infidelidad a sus parejas. Esta situación genera tensiones en el seno del hogar, que en un número considerable de casos termina en divorcio u otras formas de ruptura. Así, las mujeres en la APG y en las Bartolinas son objeto de una presión permanente dentro de la organización, porque muchas de ellas han sentido en sus cuerpos los juicios sobre su rol como mujeres, tal y como señala Mariela, capitana comunal en la zona de Santa Rosa: “Hacemos ver a las personas que todo está bien, pero sin embargo ¿cómo tenemos el corazón?  A veces lo tenemos destrozado por problemas familiares, por conflictos familiares o a veces porque tenemos un cargo y a veces tienes que salir a gestionar por el bien de tu comunidad y dejas a tu familia y eso genera mucho conflicto y tienes mucho dolor en tu corazón.” Violencias racistas y coloniales Si bien en las últimas décadas ha existido una presencia más visible de las mujeres indígenas, campesinas y originarias en los escenarios políticos nacionales y locales, esta presencia simbólica no ha podido resolver el problema de la discriminación en Bolivia. El contexto de las mujeres Bartolinas y de las mujeres guaraníes no es igual, siendo las primeras parte del instrumento político del MAS, mientras que las últimas tienen un lugar aún más marginal en el escenario político, estatal y partidario. Sin embargo, en ambos grupos todavía sienten una fuerte carga de racismo por parte de la sociedad boliviana, fenómeno que sobre todo, en tiempos de polarización política, vuelve a manifestarse de formas más crueles. Las mujeres de Huacaya en su proceso de impulso a la Autonomía Indígena se enfrentan con una fuerte oposición del sector no-indígena, que está constituido tanto de karai (las elites blancas o mestizas del Chaco), así como el sector campesino intercultural.  “Nos dijeron burras, anda a la escuela primero antes de pedir autonomía, esas indígenas no saben nada y otras cosas insultantes”, así es como comentan las mujeres de la comunidad de Mboykobo refiriéndose a las últimas Asambleas en septiembre de 2022, donde el sector opositor frustró su intento de elegir un gobierno autónomo indígena. Las mujeres Bartolinas, por su parte, expresan que siguen sintiendo violencia racista cuando salen de su región a la ciudad de Cochabamba o a otros lugares del país. Así lo comenta una de las mujeres del Valle Alto. “Cuando te ven con la manta azul dicen ya nos miran mal. Nos ven mal por ser mujeres con pollera, nos ven como las “cholas” del gobierno”. Estas violencias coloniales sin duda dejan un marco fuerte en el ejercicio político de las mujeres indígenas, originarias y campesinas. Aumentan la sensación de inseguridad y hostilidad en los espacios públicos, que siempre cuesta habitar. No es extraño que muchas de estas mujeres expresen que su experiencia en el ejercicio político se enmarca en la desconfianza e incluso en la autocensura, lo que muchas veces desincentiva su participación en las organizaciones sociales. Pistas para resistir y estrategias de cuidado desde lo cotidiano Una estrategia cotidiana poco reconocida dentro de las mismas organizaciones de mujeres es la de generar espacios para compartir desde la cotidianidad entre mujeres, ya sea desgranando maíz, tejiendo, tomando poro, etc. Todos espacios que no necesariamente son parte nuclear de las organizaciones de las que estas mujeres hacen parte. En este sentido, el diálogo como ejercicio cotidiano es una experiencia femenina que ha pervivido durante siglos y que nos ha ayudado a sostener la vida en la comunidad y la vida de cada una, ya que estos microespacios se convierten en una forma de articulación de energías, así como de descargas colectivas. En el caso específico de las mujeres guaraníes, el microespacio cotidiano de tomar mate entre compañeras permite la circulación de la palabra y las experiencias cotidianas, y es también este espacio en el que se permite el uso de la palabra de manera horizontal y directa. Las mujeres del Valle Alto reconocen este microespacio de lo cotidiano como una potencia para el accionar hacia la superación de las violencias complejas que viven. Este espacio se puede generar tanto en el ámbito doméstico como en el orgánico. A decir de Catalina –que es parte de las Bartolinas: “Después de las asambleas nos quedamos y nos charlamos, ahí nos contamos cómo estamos, qué necesitamos”. Tanto para las Bartolinas como para las mujeres de Huacaya, la necesidad de generar espacios con mujeres es vital para mantener vivo el tejido. En el caso de las compañeras de Huacaya, estos espacios que están fuera de los cotidianos, se dan a partir de los Miaris, es decir,  reuniones entre mujeres del que algunas de ellas son parte y que convocan en Monteagudo a mujeres de otros territorios guaraníes. Para las Bartolinas, es el espacio propio el que les permite, como mujeres parte de una organización política, hablar de temas considerados de “mujeres”: el precio de los productos de la canasta básica, la distribución de agua, la salud de alguna compañera, etc. Existen organizaciones externas que trabajan con las mujeres IOC, en la mayoría de los casos capacitándolas en labores que pueden considerarse dentro de los roles feminizadas, como tejido, cocina, etc. y en algún caso, propiciando espacios de diálogo de sus necesidades y demandas. En cuanto a las denuncias realizadas a las instancias judiciales correspondientes por violencia política, solo las Bartolinas tienen experiencias al respecto y ninguna positiva, porque, en general, son las mujeres denunciantes las que acaban exiliadas de la organización y en el proceso son revictimizadas. Las mujeres de Huacaya no han presentado denuncias específicas por acoso político, ya sea por la gran distancia que separa a gran parte de ellas de un centro de denuncia o bien porque también sienten sobre sus cuerpos el miedo a ser señaladas y revictimizadas por el resto de la comunidad.  Mayra, responsable de género de su comunidad en Huacaya, comenta: “Ninguno hace respetar las leyes hacia la mujer. En una oportunidad vinieron la Defensoría de la Niñez y de la Mujer a darnos una charla y una socialización y ahí quedó, no continuó”. Tanto para las Bartolinas como para las mujeres de Huacaya, es una necesidad generar espacios de mujeres más allá de lo cotidiano, sostener los que ya existen y crear algunos extra que les permitan no solo hablar y cuidarse entre ellas, sino también fortalecer liderazgos, capacitarse en áreas que las permite una independencia económica frente a los hombres y generar estrategias colectivas para poner fin a las violencias políticas ejercidas sobre ellas. Con el apoyo de:

En los últimos años, la noción de “trabajos de cuidado” ha pasado a un primer plano en distintos contextos académicos y de gestión de políticas públicas; sin embargo,  su utilización en ámbitos sociales no especializados de Bolivia es aún poco extendida y, peor aún, si se la considera desde una lectura crítica que intente no solo a exponer y evidenciar estos tipos de trabajo, sino también cuestionar un conjunto de relaciones de poder y dominación que históricamente se han gestionado en torno a ellos y, en especial, a quienes se hacen cargo de los mismos. Desde hace varias décadas, distintos esfuerzos de investigadoras y activistas feministas han comenzado a “desnaturalizar” la invisibilización de las múltiples actividades relacionadas con el cuidado de las personas y de la vida en general. Actividades que –incluso desde perspectivas críticas como las de un marxismo tradicional– se consideraban como improductivas y se entienden como roles “naturales” que las mujeres deben asumir en su día a día. Es decir, el hecho de poder nombrar estas actividades como trabajos de cuidado en el presente es el resultado de múltiples luchas y esfuerzos por romper esquemas de dominación que a través del tiempo han sostenido desigualdades y jerarquías de género. La crisis sanitaria producida por la covid-19 ha sido reconocida alrededor del mundo como una crisis de los cuidados, ya que una de sus principales implicaciones –como resultado de la misma enfermedad, pero también de las múltiples medidas para contener la propagación del virus– ha sido la excesiva carga de trabajos de cuidado que han sido asumidos por mujeres, quienes generalmente, en un mundo patriarcal, son las que más se dedican a estas actividades. Bolivia no ha sido una excepción en este sentido. Sin embargo y pese a la relevancia de esta problemática, los trabajos de cuidado, el bienestar de quienes los realizan y el conjunto de desigualdades que existen en torno a ellos, no están siendo discutidos de manera extendida en el país. Y, lo que es más preocupante, es que tampoco se han generado agendas populares reivindicativas claras sobre esta cuestión. Es decir, ante semejante crisis de los cuidados se ha problematizado muy poco desde las organizaciones sociales de base cuáles son las causas de esta situación. En este sentido, el Centro de Estudios Populares (CEESP) se plantea aportar en la ampliación de esta discusión sobre los trabajos de cuidado al interior de la sociedad boliviana, partiendo desde un enfoque que prioriza la participación de la sociedad civil organizada para que, desde ahí , se puedan generar estrategias sociales colectivas así como mandatos sostenibles en la generación y gestión de políticas públicas que históricamente han sido reacias –e incluso contrarias– a abordar y tratar de manera comprometida u útil esta temática. ¿Cómo entendemos a los cuidados y a los trabajos de cuidado? No existe una única definición del término relativo a los “cuidados”, sin embargo, se habla al menos de dos grandes áreas relacionadas con el mismo: por un lado, los cuidados en general, que hacen referencia a todas las actividades relacionadas con el sostenimiento y reproducción de la vida y que, por lo general, son activades que están naturalizadas como, como si fueran responsabilidad única de las mujeres, a partir de una asociación entre lo afectivo y el rol femenino en la familia. Pero los cuidados, así, en general y desde el sentido común, no necesariamente son asociados con la noción de trabajo. Es por eso por lo que, en segundo lugar, cuando se habla de “trabajos de cuidado”, se da cuenta de una actividad reconocida también –aunque no únicamente– como laboral y que, por tanto, tendencialmente podría tener la cualidad de ser mercantilizable. Usualmente se entiende por trabajos de cuidado a aquellas actividades cotidianas que se desarrollan en el ámbito familiar, pero también que tienen que ver con actividades específicas de cuidado especializado, como el que se realiza a niñxs o enfermxs. Asimismo, cuando se requiere de estos servicios, casi nunca se realiza un pago por el mismo. Es decir, como señalan Carrasco, Borderías y Torns (2011), los trabajos de cuidado no solo se entienden como actividades de desgaste físico que deben ser reconocidas en el mercado, sino que deben ser comprendidas y valoradas por su especificidad y su función en el bienestar de las personas (ya sea de manera directa o indirecta) [1], lo que implica también subjetividad y afecto, que está muy asociada a la naturalización que existe sobre el rol protagónico de las mujeres porque supuestamente son “en esencia” más afectivas. Es por este motivo por el cual resulta muy complejo disociar la idea de que las mujeres no están, por definición, necesariamente predispuestas ni mejor capacitadas para realizarlas. La crítica sobre este extremo ha suscitado interesantes discusiones que han visibilizado las inequidades asociadas no solo al género y al “ser mujer”, sino también a otras condiciones que van generando mayor carga sobre los hombros de ciertos sectores de la población, como la procedencia étnica, el nivel de estudios, el lugar de origen y residencia, entre otros aspectos. La discusión sobre los trabajos de cuidado en Bolivia En Bolivia, la discusión sobre los trabajos de cuidado es aún muy incipiente y tiende a orientarse hacia las responsabilidades que el Estado debería asumir y, por el otro lado, al trabajo doméstico que realizan las trabajadoras del hogar. En este sentido, el enfoque sobre los trabajos de cuidado es mayoritariamente mercantilista o asistencialista, sin profundizar en los problemas de fondo que existen en torno a estas labores en una sociedad patriarcal. Se estima que para 2022, el 77 % de las mujeres bolivianas mayores de 18 años realiza algún tipo de trabajos de cuidado, mientras que el porcentaje de varones para actividades similares, no supera el 40 % (Oxfam, 2018). Sin embargo, este tipo de porcentajes resulta impreciso y superficial, ya que no necesariamente se desglosa con suficiente claridad cuántas horas de trabajo se destinan a estas labores ni qué franja de edad carga con más responsabilidades. Tampoco se conoce cómo se distribuyen las horas de cuidados realizadas por mujeres que se realizan en hogares de terceros y a la vez que cuidan sus propios hogares, ni se distingue el origen étnico y/o racialización como factores que aumentan la presión sobre los trabajos para cuidar a otros. Tampoco existen datos extensos sobre el impacto físico y mental que conlleva dedicarse a trabajos de cuidado relacionados a ámbitos como la salud, educación escolar, cuidado especializado de enfermos o ancianos. Actividades sobre las que se imprimió mucha presión por la llegada de la pandemia. El agotamiento extremo de las personas que las realizan debido a esta situación, también ha impactado en quienes ahora deben suplir parcial o totalmente la realización de estos cuidados, como madres y padres de menores de edad, familia de enfermos crónicos o terminales, etc. En el peor momento de la crisis de la Covid-19, cuando los hospitales estaban colapsados y los precios de las medicinas estaban por los cielos, se activaron las redes familiares, de amigos, vecinos y residentes de otras localidades, para sostener los cuidados que se volvieron imprescindibles. Llama la atención lo poco que se ha discutido sobre la dimensión comunitaria de los cuidados, en un país en el que la una buena parte de la cotidianidad se resuelve en lo local y comunitario, reconociendo, además, que el Estado no tiene alcance real en todo el territorio boliviano y, por ende, la mayor parte de la población resuelve cuestiones como su salud y educación de manera autogestiva y comunitaria. Desde los diferentes feminismos, tampoco existe una postura única sobre los cuidados. Unas vertientes, más liberales, se limitan a proponer el reconocimiento económico por las labores de cuidado, mientras otras ponen el énfasis en la necesidad de generar conciencia de corresponsabilidad para dejar de naturalizar estas labores propias de mujeres e inscribir su comprensión en una dimensión más amplia de las relaciones de poder. De todas maneras, el feminismo propone dimensionar los cuidados tanto desde un doble posicionamiento: ético y político. En el caso de la dimensión ética de los cuidados, se resalta el importante y central hecho relacional que supone cuidar de otra persona y de todos los elementos que componen nuestro entorno, como parte central del cuidado de la sociedad y la consciencia de que no somos individuos aislados. En cuanto a la dimensión política de los cuidados, se resalta la potencia que cuestiona a las relaciones de desigualdad que se generan en torno a estos, siendo las cuidadoras las que menos tiempo disponen para ellas mismas, dejando muy poco para la articulación y creación de propuestas transformadoras. Así, en Bolivia la discusión desde los feminismos sobre el tema de los trabajos de cuidado hace más hincapié en esta última temática, principalmente desde la denuncia, aunque es evidente que los temas que usualmente se ponen sobre la mesa, no son temas de cuidado. Aún falta remarcar la sobrecarga y delegación de trabajos de cuidado sobre las mujeres, como un elemento central en la estructura patriarcal que fortalece las dinámicas diarias de las mujeres en Bolivia y que, a su vez, son parte de cierta identidad nacional que asocia a las mujeres con la figura mariana, marcada desde la iglesia católica. Por una perspectiva crítica de los cuidados En los últimos años se ha venido consolidando, desde organismos internacionales y Estados nacionales, una perspectiva institucionalista para el abordaje de los trabajos de cuidado. La misma reconoce la importancia que estos tienen para el sostenimiento de la vida económica y que son la “base” para que otras actividades económicas sean viables en el tiempo. De la misma manera, también hace énfasis en la invisibilización de estos trabajos a través del tiempo y en la importancia de que los mismos sean cada vez más reconocidos, además de que se generen políticas públicas específicas para mejorar las condiciones de quienes se hacen cargo de ellos (principalmente mujeres). Sin embargo, aunque no puede desconocerse la importancia que tiene la discusión anteriormente planteada, lo que intenta hacer esta perspectiva es visibilizar estos trabajos para luego establecer un conjunto de derechos en torno a los mismos, incorporarlos, así, de forma “equitativa” y políticamente correcta, al funcionamiento general del sistema económico. Esta puede considerarse, pues, una mirada de derechos económicos dentro de un orden establecido que puede ser mejorado, pero que no se considera parte de las causas que detonan y reproducen los problemas relativos a los trabajos de cuidado. En este sentido, desde el CEESP consideramos importante cultivar una mirada sobre los trabajos de cuidado que ponga la vida en el centro. Esto significa no solo entender que los trabajos de cuidado hacen parte fundamental de las actividades destinadas a la reproducción de una sociedad –algo que puede quedar fundamentalmente ceñido a un enfoque economicista–, sino que también es fundamental politizar la significación y comprensión de estos trabajos, lo que pasa por comprender cuál es el objetivo que tienen en última instancia: 1) si es el de reproducir un conjunto de relaciones de dominación sostenidas en jerarquías de género, clase y/o coloniales; o 2) si sirven para reproducir la vida humana y no humana. En otras palabras, una perspectiva sobre los cuidados que ponga la vida en el centro, como se ha venido señalando desde distintas corrientes feministas, representa politizar estos trabajos y hacer explícito su carácter antagónico a un conjunto de relaciones sociales que se organizan en torno a la exacción de valor de cambio; es decir, un mundo capitalista que se aprovecha del trabajo femenino que se hace cargo de los cuidados, aquellos que no son pagados o aquellos que sí lo son, pero de manera precarizada. Así pues, consideramos que es fundamental que no solo se señalen las desigualdades que se expresan en los trabajos de cuidado, sino también el sentido que estos tienen, lo que implica una politización de su comprensión y el alejamiento de una postura exclusivamente laboralista y/o economicista. Cuidados y precariedad sanitaria Existen distintas perspectivas para el abordaje de los trabajos de cuidado, sin embargo, desde el CEESP nos proponemos un abordaje poco ortodoxo de los mismos: la salud pública. Luego de más de casi tres años de pandemia, Bolivia se ha visto inmersa en una crisis sanitaria sin precedentes que ha tenido severas implicaciones sobre otros ámbitos de la vida social. Sin embargo, es poco hasta ahora lo que se ha discutido al respecto. La pandemia de la covid-19 ha puesto en evidencia la precariedad del sistema sanitario boliviano. Establecimientos públicos desbordados en cada una de las olas de contagio y gente muriendo en las calles sin poder acceder a ningún tipo de atención médica. Junto a ello, el sistema de salud pública se desentendió de la atención de otras enfermedades, lo que tuvo un impacto directo en la calidad de vida de las personas que recibían tratamientos a través de este sistema. Asimismo, en este escenario se benefició el sistema privado de salud, que no solo incrementó la demanda de sus servicios –de quienes podían pagarlo– sino que también lucró con la especulación. Ahora bien, lo sucedido con la pandemia no puede entenderse de manera aislada. La precariedad del sistema sanitario boliviano es parte de la formación del mismo Estado nacional, en el que jamás el cuidado de la vida de las grandes mayorías de la población tuvo un lugar relevante en el debate público. Es por esto que vale la pena iniciar una discusión sobre la importancia de los trabajos de cuidado remunerados en Bolivia, su legitimidad y su estado actual en la sociedad, y, a partir de ello, tratar de responder ¿qué implica para una sociedad tener la salud garantizada?, ¿cuáles son los sectores que más se beneficiarían?,¿cómo se construye y financia un sistema de salud universal y digno?, ¿es la construcción de un sistema de salud universal un “favor” del Estado o un mandato popular? Y ¿qué implicaciones tiene un sistema de salud de este tipo para los trabajos de cuidado que estructuralmente son derivados a las familias (principalmente a mujeres)? Esta discusión es amplia y representa abordar temáticas poco trabajadas e incluso incómodas. Para empezar, se aborda una problemática específica del mundo moderno y es aquel que tiene que ver con el vínculo entre Estado y cuidados, una relación que generalmente ha estado instrumentalizada: los cuidados proporcionados por el Estado giran en torno al sostenimiento de fuerza de trabajo para el capital. Sin embargo, también es evidente que en el mundo existen sistemas públicos de salud que son resultado de luchas y de producción de mandatos sobre el Estado –y de la gestión del excedente social–, generando condiciones para que los cuidados gestionados desde la esfera pública tengan en el centro la vida de quienes son atendidos. Al mismo tiempo, lo anterior deriva en otras discusiones. Una de ellas tiene que ver con quienes asumen los trabajos de cuidado remunerado en un sistema público, las jerarquías a las que se ven sometidos y la precarización de sus condiciones de vida. Por otro lado, otra temática relevante tiene que ver con el efecto que tiene contar con un sistema universal de salud digno y de calidad para la sociedad en su conjunto. Un sistema sanitario de este tipo permite reducir sustancialmente las labores de cuidado que actualmente están en manos principalmente de mujeres cuidadoras. Otra cuestión revelada por la pandemia es la naturalización de esa precariedad, lo que deriva en que la salud se asuma como un problema individual o familiar y, por tanto, su atención tienda a la atomización de la sociedad, porque en momentos de crisis sanitaria, ante el miedo e incertidumbre, se intenta velar por los intereses particulares y no por los colectivos. Entender a los trabajos de cuidado en salud como un problema compartido en una sociedad puede ser una estrategia importante de regeneración de vínculos y tejidos desgarrados por la pandemia y por el escenario político polarizado que ha primado en los últimos años. [1] Los trabajos de cuidado pueden ser directos e indirectos. Los primeros, son actividades que implican una directa relación con las personas, como cuidar enfermos, atender niños, etc. En cambio, las segundas, son actividades que se realizan para la continuidad de la vida y el cuidado de espacios, es decir, que mantienen las condiciones para desarrollar actividades cotidianas, como limpiar, barrer, etc. De cualquier manera, los cuidados reconocidos o no como trabajo, son realizados mayormente por mujeres y cuerpos feminizados. Con el apoyo de:

Las mujeres del Valle Alto participamos siempre en condiciones de desigualdad en las organizaciones sociales, estas desigualdades se expresan en la deslegitimación de nuestras capacidades, una discriminación hacia nosotras, el acoso político, la carga de trabajo y de responsabilidades que tenemos; todos estos problemas se han incrementado como consecuencia de las crisis política, sanitaria y económica en los últimos años, afectando aún más nuestra participación política. Vivimos años difíciles. Pasamos de una violenta crisis política en 2019 a la crisis sanitaria del covid-19, en el año 2020, una pandemia que tuvo muchas consecuencias en todo el mundo y Bolivia no fue una excepción. Pero cuando creíamos que vendría una luz al final del túnel, empezó la Guerra de Ucrania. Un conflicto bélico tan lejano a nuestra realidad pero que está teniendo muchas consecuencias en nuestra vida diaria: el incremento de los precios de los fertilizantes, las dificultades para hacer sostenible la soberanía alimentaria del país y, en concreto, los problemas que hay para sostener nuestras economías familiares. En este escenario, las mujeres del Valle Alto, como la mayoría de las mujeres de sectores populares de Bolivia, nos vimos forzadas a lidiar con estas distintas crisis que en buena medida recayeron sobre nuestros hombros: la crisis política, la crisis de salud, la crisis económica, la crisis organizativa y toda la violencia política que se ha infringido contra la sociedad en estos tiempos. En estas situaciones de crisis, las labores cotidianas de las mujeres del Valle Alto han sido asfixiantes, se han incrementado de manera exponencial. La manera en cómo se nos impusieron los confinamientos y todas las restricciones –que no fueron adecuados para nuestro contexto– impactaron negativamente sobre el bienestar de las mujeres. Nos hemos sentido cansadas y desbordadas. Pero en medio de todas estas crisis, que además fueron violentas, un resultado mucho más invisibilizado es el que tiene que ver con las implicaciones que ello ha tenido para las mujeres del Valle Alto en términos organizativos. Las preocupaciones más urgentes en lo cotidiano, en todo el tiempo que nos ocupan, en las limitaciones que implican, nos cobran factura como mujeres en nuestra capacidad de participar activamente en las organizaciones sociales y, por tanto, influyen en las decisiones políticas que podemos o no tener. Efectos en las organizaciones de mujeres del Valle Alto Veamos un ejemplo. Entre las organizaciones de mujeres del Valle Alto que son más representativas tenemos a la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, esta federación está estructurada regionalmente: Región Valles, Región Andina y Región Cono Sur. El siguiente nivel hacia abajo está conformado por las centrales provinciales y, posteriormente, se encuentran las centrales regionales que a su vez articulan a las subcentrales. Cada subcentral está conformada por sindicatos agrarios. Pero esta amplia y potente estructura organizativa de mujeres, en los últimos tiempos ha dejado de garantizar la participación autónoma e independiente de las mujeres. A nombre de la “complementariedad” entre hombres y mujeres, los compañeros varones, muchos de ellos dirigentes que son pares, han comenzado a participar, incidir y, en algunas oportunidades, a dirigir las reuniones de la organización de mujeres, haciendo valer sus propios acuerdos políticos e intereses, acuerdos que se suelen negociar y establecer en lugares externos a la asamblea; como por ejemplo en las chicherías, espacios que son principalmente masculinos y donde las mujeres no solemos asistir. También, lo que se puede observar es que desde que empezó la pandemia las restricciones de “distanciamiento social” han permitido que las convocatorias realizadas por las distintas instancias organizativas de la organización “Bartolina Sisa” ya no consideren al 100% de las bases, sino que, bajo la excusa de precautelar la salud, solo puedan participar algunas representantes. Pero lo que sucede es que con esta excusa la decisión y el control queda por lo general capturada por las instancias más elevadas de la estructura sindical y, muchas veces, sin un vínculo con las bases. Esta paulatina marginación de la participación de las mujeres en sus propias organizaciones termina afectando la confianza y los ánimos que se tienen para una participación política permanente, cuando la mujeres participan de los congresos y ampliados hacen parte del mandato que se produce para los dirigentes, pero cuando no participan de este mandato su atribución y derecho político queda anulado. Ejemplo de convocatoria de congreso de mujeres, en el que participan delegados varones. Una práctica cada vez más común al interior del sindicalismo campesino. Es particularmente preocupante que exista un delegado varón y una delegada mujer por cada sindicato, siendo este un congreso de mujeres. Un ejemplo ha sido el Congreso de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Campesinas “Bartolina Sisa” de la provincia de Arani, durante este 2022. Para este congreso se entregaron alrededor de 300 credenciales de acreditación de representantes, cuando en el anterior congreso –antes de la pandemia– habían participado más o menos 1.700 acreditadas. Menos mujeres participando significa mayor facilidad para manipular sus decisiones. Lastimosamente estas medidas se mantienen en muchas organizaciones pese a que en las principales actividades políticas y económicas se llevan a cabo con normalidad. Pero la organización de mujeres “Bartolina Sisa” no es la única. Situaciones similares han sucedido en otras organizaciones, como el Comité de Género que se viene construyendo al interior de la Federación Departamental Cochabambina de Organizaciones Regantes (FEDECOR), una instancia tan importante en un departamento donde el agua escasea tanto y en el que las mujeres juegan un rol fundamental. O la Coordinadora de Mujeres del Valle Alto (COMUVA), organización que cuenta con representantes de los 17 municipios del Valle Alto y que tiene una larga trayectoria de organización en torno a procesos productivos de mujeres del Valle Alto, pero que en el presente –y en especial luego de la pandemia– se ha visto muy debilitada. También vale la pena señalar que muchas mujeres, al ver que la carga de las labores domésticas se incrementó de manera significativa, no han podido participar regularmente de las reuniones y asambleas de las organizaciones a las que pertenecen. Asimismo, desde que empezó la pandemia, muchas convocatorias a estas reuniones y asambleas se realizaron de manera virtual (por WhatsApp), sin embargo, son las mujeres quienes en términos proporcionales tienen menos celulares que los varones, por lo que en muchas circunstancias dejaron de enterarse de estos eventos y, por tanto, su participación disminuyó. Es así como la coyuntura política, económica y sanitaria del país ha ido ha generado las condiciones para la participación política de las mujeres al interior de las organizaciones sociales tenga cada vez menos impacto y sea más controlada desde arriba. De la misma manera, se ha logrado que las organizaciones sociales que específicamente deberían enfocar sus esfuerzos hacia los temas que importan a mujeres, releguen a un segundo plano estos temas y se enfoquen estrictamente en cuestiones urgentes de la agenda política estatal. En este sentido, es importante que desde las mujeres organizadas del Valle Alto podamos empezar a dialogar y reflexionar sobre las siguientes temáticas: Los efectos de la conservación del poder. La importancia de que las mujeres tengamos voz propia en las organizaciones femeninas (asumiendo nuestros propios errores). La complementariedad no es un discurso que deba servir para que las organizaciones de mujeres cuenten ahora con participación de varones. Es importante que la existencia de organizaciones de mujeres es una conquista histórica que no debe servir como excusa para excluir a las mujeres de las organizaciones mixtas. Buscar equilibrios de participación de género en las organizaciones mixtas. La dirigencia femenina no debe ser motivo para dañar las relaciones de pareja o familiares. Se debe tener la capacidad de mirar las preocupaciones de las bases y que la mirada no solo quede en los niveles altos de la organización social. Con el apoyo de:

Boletín DeBajada #3Efectos de la pandemia en mujeres de la zona sur de Cochabamba Durante los últimos meses, el Centro de Estudios Populares ha venido investigando cuáles han sido los efectos de la pandemia en mujeres de sectores populares de la ciudad de Cochabamba. Para ello, y en coordinación con OTB del Distrito 9 de la Zona Sur, se han llevado adelante una serie de Asambleas Populares de Mujeres, espacios en los que se ha podido dialogar sobre la vivencia de las mujeres en estos últimos años y los problemas específicos que han tenido que enfrentar.

Desde el Centro de Estudios Populares (CEESP) nos alegra de sobremanera que esta publicación salga a la luz. Y no solo por su contenido, sino también porque es el primer documento impreso que nuestro Centro elabora desde que se fundó, durante el primer trimestre de este 2021. Una pequeña señal de que comenzamos a caminar por senderos que nos alientan, pese al complejo y difícil contexto en el que inscribimos nuestro trabajo. El objetivo del CEESP gira en torno a potenciar y amplificar la capacidad de decisión y gestión de lo que entendemos como Organizaciones Comunitarias de Base (OCB); es decir, organizaciones sociales que tienen como eje de articulación las actividades cotidianas relacionadas con el cuidado y reproducción colectiva de la vida. Actividades que estas organizaciones vienen realizando desde sus propias agendas de trabajo y de lucha, y no desde aquellas gestionadas o, en muchos casos, impuestas desde otros intereses. Es con esta perspectiva que desde el mes de abril venimos realizando la investigación-acción: “La vida en el centro. Horizontes populares en tiempos de confrontación y pandemia (Cochabamba-Bolivia)”, misma que cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg (Oficina Región Andina) y que, en buena medida, surge por la preocupación que emerge por el exacerbado clima de violencia y polarización que atraviesa el país –y particularmente Cochabamba– desde el 2019; pero también, y combinado con lo anterior, por la difícil coyuntura derivada de la pandemia, que ha puesto en evidencia la precariedad del sistema público de salud en el país. La idea de la investigación es hacer énfasis en las agendas que vienen desde abajo, aquellas que han quedado invisibilizadas por el clima de confrontación política estatal y que suelen ser las que giran en torno al cuidado de la vida desde la experiencia cotidiana de habitar realidades concretas. Desde las dificultades para acceder al agua para consumo o riego hasta la precarización de los trabajos de cuidado por parte de las instituciones públicas, pasando por un conjunto de problemas relacionados con el modelo productivo agrario del país y el insuficiente sistema de salud. Desde el CEESP no solo creemos que estos problemas están siendo invisibilizados en un momento de crisis económica, sino que su desplazamiento hacia un lugar secundario dan lugar a un proceso de repliegue y debilitamiento de estas organizaciones de base, lo que a su vez se estaría traduciendo en una expansión de la política centrada no en el cuidado de la vida, sino en la disputa por el control de las instituciones estatales que termina beneficiando a unos pocos. Ello, junto a un conjunto de relaciones de dominación que trasminan las estructuras de la sociedad cochabambina, dan lugar a una espiral de violencia que termina afectando a distintos sectores sociales. La investigación ha sido realizada con cinco organizaciones comunitarias de base: la Organización Territorial de Base (OTB) “Los Olivos”, la OTB “San Nicolás”, la Asociación de Riego de Productores Agrícolas Pozo de Flores, la Asociación de Educadoras y Manipuladoras de los Centros Infantiles Comunitarios del Cercado de Cochabamba y el Sindicato Agrario de Chawpi Melga. Todas estas organizaciones tienen en común que, de una u otra manera, ponen en el centro alguna dimensión del cuidado de la vida y gestionan un conjunto de actividades en torno a ello. En las OTB esto es muy evidente en toda la gestión que lxs vecinxs han realizado durante años para dar forma a sus barrios, en muchos casos con muy poco apoyo de instituciones públicas. La Asociación de Educadoras y Manipuladoras, que se hacen cargo de los Centros Infantiles Comunitarios de Cochabamba, se organiza no solo en torno a sus fuentes de trabajo, sino también por el bienestar de miles de niñxs de sectores populares que se han quedado sin cuidados por la pandemia. La asociación de regantes, que está compuesta casi en su totalidad por mujeres, se organiza en torno a lograr y cuidar agua para el riego de sus tierras, lo que a su vez las ha enfrentado a un conjunto de violencias patriarcales. Finalmente, el sindicato agrario de Chawpi Melga, gestiona gran parte de la vida social de la comunidad, y lo hace en una situación cada vez más adversa, por la migración de lxs jóvenes, la falta de agua y las dificultades para acceder a los mercados, donde sus productos no son competitivos. Finalmente se debe recalcar que esta cartilla es un producto intermedio y no presenta los resultados de la investigación. Al iniciar el trabajo investigativo el CEESP se comprometió con las cinco organizaciones a devolver un texto en el que se sistematice y organice el relato que las misma nos ofrecieron en el marco de las entrevistas y talleres. Es decir, más allá de algunos datos de contexto, este no es un texto de análisis del CEESP, sino más bien son las voces de las propias organizaciones y que son presentadas en este documento esperando que sean de utilidad, antes que nada, para las mismas organizaciones. Algunas nos señalaron que les interesaba contar con este documento para transmitir su experiencia a las nuevas generaciones y otras para afinar sus estrategias de lucha. Lo cierto es que, en la reunión de validación de esta información, lxs representantes de las organizaciones expresaron su satisfacción por lo plasmado en estas hojas. Próximamente, en siguientes documentos, serán presentados los resultados completos de esta investigación, así como los aprendizajes metodológicos de esta experiencia que, la verdad, nos viene enseñando mucho para repensar la realidad social en el presente boliviano. Desde el CEESP agradecemos a todas las personas que hicieron posible este trabajo, en especial a quienes nos dieron su tiempo para las entrevistas y los talleres, a Paola Mercado quien nos ayudó en la edición del documento, a Adriana Herbas por el diseño de la tapa y a la Fundación Rosa Luxemburg por hacer posible este trabajo.

Una economía con problemas estructurales Al finalizar el año 2019, antes de la pandemia, los indicadores económicos del país ya mostraban un deterioro preocupante. La bonanza económica, que fue resultado de un inusitado incremento de las exportaciones de gas, había quedado atrás. Muchos economistas recalcaron que ese año el país solo creció en 2,7%, la tasa de crecimiento del PIB más baja desde 2003, aunque, como ya se sabe, ese indicador es en realidad insuficiente para comprender el complejo proceso de deterioro económico. Desde el año 2016, el país sostuvo cierta estabilidad económica sobre la base de un desahorro nacional. La caída sostenida de las reservas internacionales netas, así como el marcado incremento de la deuda externa, fueron los principales indicadores de aquella dinámica. Y si bien antes de la pandemia la situación del empleo no era tan crítica como lo es hoy en día, la precarización laboral se venía acentuando. Así lo señaló el pasado año el investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas, en su participación en la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA): “Desde 2015 la tasa de desempleo abierto se vino incrementando paulatinamente, en una situación donde el crecimiento económico […] iba cayendo paulatinamente también. Esto es lo que se llama desaceleración, o los economistas le dan un nombre más difícil: ralentización. [La economía] se ralentiza, se hace más lenta y al final va cayendo. De [ese momento] al 2019, al cuarto trimestre, la tasa de desempleo cerró al 4,8% y, en general, en ese año hubo un 5% de tasa de desempleo. […] Al primer bimestre de este año 2020, la tasa de desempleo fue de 5,15%… sin pandemia”. Pero cuando el coronavirus llegó al país la situación económica se erosionó de manera vertiginosa. Entre una cuestionable gestión de la contingencia sanitaria que derivó en una cuarentena mal planificada y los problemas estructurales que ya arrastraba la economía nacional, la crisis brotó enérgicamente… y con ella la situación del empleo empeoró rápidamente. La tasa de desempleo no está reflejando la problemática laboral Para el segundo trimestre de 2020 (abril-junio) la tasa de desocupación urbana se incrementó en casi cuatro puntos porcentuales en comparación al último trimestre de 2019, pasando de 4,83 % a 8,36 %, un claro indicio de la crisis económica y, en especial, del impacto que tuvo el confinamiento. Para el tercer trimestre de 2020 –considerado el peor momento–, la tasa de desocupación llegó a ser del 10,76 %. ¿Qué significa esto? La tasa de desocupación refiere a la relación que existe entre la población que no tiene trabajo pero que lo está buscando y la población considerada “económicamente activa”, es decir, la suma de todas las personas que o tienen un trabajo remunerado o aquellas que no lo tienen pero que lo están buscando. En términos absolutos esto significa que, si para el último trimestre de 2019 existían poco más de 191 mil personas desocupadas, para el tercer trimestre de 2020 la cifra ascendió hasta las 407 mil personas. Es importante aclarar que la tasa de desocupación es una cifra general, que incluye a trabajadorxs formales e informales y, además, omite la calidad de los trabajos, así como si la remuneración es suficiente o no para lxs trabajadorxs. Un ejemplo: si durante la pandemia una persona que trabajaba como empleado en una institución financiera hubiese perdido su fuente laboral, pero inmediatamente después comenzó a elaborar pasteles en su casa para ponerlos a la venta en la calle y así tener algún tipo de ingreso (aunque este no le sea suficiente para subsistir), esa persona sigue siendo catalogada como “ocupada” según los datos oficiales, tal y como sucedía cuando trabajaba en el banco. Es por esto por lo que, aunque para el segundo trimestre de 2020 la tasa de desocupación descendió tres puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2020, alcanzando el 7,6%, ello no explica mucho de la situación laboral real de lxs bolivianxs, más aún porque en el país la gran mayoría de la población está acostumbrada a realizar actividades económicas de manera informal para lograr algún tipo de ingreso ante cualquier eventualidad. La subocupación femenina: un indicio preocupante de lo que está pasando Ahora bien, aunque también es un indicador insuficiente, la tasa de subocupación ayuda a comprender un poco más lo que está sucediendo en el país en lo referente al mundo del trabajo y cómo las mujeres son las más afectadas por la crisis. Esta tasa lo que hace es calcular el porcentaje del total de las personas que son consideradas ocupadas pero que trabaja menos de 40 horas a la semana y, además, está buscando otras fuentes de ingreso. Es decir, son aquellas personas a las que su ingreso no les alcanza para vivir y tienen un tiempo “disponible” para seguir trabajando. Aunque en esta categoría no entran las personas que trabajan todos los días y que su sueldo no les alcanza para subsistir (ya que estarían cubriendo las 40 horas de trabajo y por tanto se consideran como personas ocupadas de tiempo completo), es un dato que, a diferencia de la tasa de desocupación, da más luces sobre lo que está pasando con lxs trabajadorxs de Bolivia. Si el último trimestre de 2019 la tasa de subocupación urbana era del 5,12 %, para el tercer trimestre de 2020 la misma llegó a ser de 16,54 %; es decir, un incremento de más de 11 puntos porcentuales. Ahora bien, a diferencia de la tasa de desocupación que se mantuvo relativamente similar entre hombres y mujeres, la tasa de subocupación muestra una clara diferencia de afectación entre géneros. En el caso de los varones, la tasa de subocupación era del 3,9 % durante el cuarto trimestre de 2019 y alcanzó al 13,92 % durante el tercer trimestre de 2020. En cambio, para las mujeres esta tasa ya era más elevada en el último trimestre de 2019, alcanzando el 6,63 %; pero se disparó hasta el 19,94 % para el tercer trimestre de 2020. Sin embargo, no solo llama la atención este incremento desproporcionado del nivel de subocupación femenina, sino también el hecho de que luego de la etapa más crítica (tercer trimestre de 2020), el mercado laboral se reacomodó de manera diferenciada. Para el segundo trimestre de 2021, la tasa de subocupación masculina descendió hasta alcanzar 9,52 %, mientras que la tasa de subocupación femenina se mantuvo muy elevada, sin bajar del 16,01 %. Es decir, en la actualidad una gran proporción de mujeres está buscando otras actividades remuneradas para complementar o sustituir las que tiene en este momento pero que les son insuficientes. Ello sin considerar a las mujeres que están buscando otros trabajos pero que actualmente tienen actividades formales o informales de tiempo completo, por lo que no hacen parte de estas estadísticas. Esta situación, además, no solo tiene que ver con las mujeres que antes de la pandemia trabajaban y ahora vieron precarizada su situación laboral; sino también por el incremento de la masa de trabajadoras en el mercado laboral. Según datos del INE, la población económicamente activa femenina creció en poco más de 226 mil; es decir, miles y miles de mujeres en “edad de trabajar” se vieron obligadas a dejar sus estudios o a buscar fuentes de trabajo, más allá de los trabajos de cuidado no remunerado a los que se dedicaban, con el objetivo de obtener ingresos monetarios. De lo cual, además, se puede deducir que la mayor parte de estas mujeres se insertan en el mercado de trabajo informal precarizado. Por último, vale la pena reiterar que estos datos de desocupación y subocupación refieren a los centros urbanos y no se tiene tanta claridad sobre las modificaciones que se han dado en el mundo del trabajo rural, que seguramente también se ha visto afectado de manera significativa por la pandemia. Aumenta la carga de trabajo para las mujeres Ya lo señalaron distintas instituciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), u otras regionales como la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL): la carga de trabajo se está incrementando de manera desproporcionada para las mujeres durante la pandemia. Por un lado, ello ocurre por el sistema patriarcal de organización de los trabajos de cuidado, en el que las mujeres son las que asumen la mayor parte como una obligación. Además, como se sabe, la crisis sanitaria del coronavirus ha incrementado sustancialmente estos trabajos de cuidado, ya sea, de manera directa, para cuidar a los enfermos de covid-19, pero también por todas aquellas actividades de cuidado que se han visto incrementadas por los procesos de confinamiento, que en muchos casos empujaron a que la oficina y la escuela, entre otras actividades, se trasladen a los hogares. Junto a ese incremento de los trabajos de cuidado, muchas mujeres ahora también se han visto en la necesidad de vender su fuerza de trabajo para subsistir. Con todo, esta situación está siendo poco visibilizada en la sociedad boliviana, más aún cuando la preocupante crisis económica que afecta a millones de bolivianxs se ha convertido en mecanismo de disputa en el descompuesto escenario polarizado que envuelve a la política estatal boliviana.

Ha pasado un año y medio desde que la pandemia del covid-19 se convirtió en centro de atención del mundo entero. Millones de personas han fallecido a causa del virus y miles de millones han visto empeorar sus condiciones de vida por la crisis que se ha desatado como consecuencia de un mundo que organiza la actividad económica en torno a los intereses económicos de una minoría y no para el cuidado de las personas y, en general, de toda forma de vida existente en el planeta. Lxs trabajadorxs que antes de la pandemia ya tenían trabajos precarios, ahora están en una situación aún más delicada. Ni que decir en países como Bolivia, en los que el trabajo informal rondaba el 70% al finalizar el 2019. La gran mayoría de lxs mismxs vive del día y no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Los procesos de confinamiento se han vuelto insostenibles para una gran parte de la población, la cual se ha visto empujada hacia un perverso dilema: virus o hambre. Pero no solo esto, según datos de distintas instituciones que investigan sobre el mundo del trabajo -como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel mundial, o el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en Bolivia, así como diversos colectivos feministas-, están siendo las mujeres trabajadoras las que reciben lapeor parte de esta crisis. Paradójicamente son los trabajos de cuidado –realizados principalmente por mujeres–,los que están quedando relegados a un segundo plano en las prioridades de la política pública; siendo que las actividades de cuidado se presentan como esenciales en una contingencia sanitaria como la que se vive en la actualidad. En este sentido, en la ciudad de Cochabamba, 235 mujeres dedicadas al cuidado de niñxs de sectores populares se quedaron –desde hace ya un año– sin una fuente de ingresos, financiamiento que provenía del gobierno municipal y departamental. Estas instituciones argumentan que ello es consecuencia de la pandemia; sin embargo, en diálogo con estas mujeres es posible entrever que los trabajos de cuidado nunca fueron una prioridad para dichas instituciones.