Desde el Centro de Estudios Populares (CEESP) nos alegra de sobremanera que esta publicación salga a la luz. Y no solo por su contenido, sino también porque es el primer documento impreso que nuestro Centro elabora desde que se fundó, durante el primer trimestre de este 2021. Una pequeña señal de que comenzamos a caminar por senderos que nos alientan, pese al complejo y difícil contexto en el que inscribimos nuestro trabajo. El objetivo del CEESP gira en torno a potenciar y amplificar la capacidad de decisión y gestión de lo que entendemos como Organizaciones Comunitarias de Base (OCB); es decir, organizaciones sociales que tienen como eje de articulación las actividades cotidianas relacionadas con el cuidado y reproducción colectiva de la vida. Actividades que estas organizaciones vienen realizando desde sus propias agendas de trabajo y de lucha, y no desde aquellas gestionadas o, en muchos casos, impuestas desde otros intereses. Es con esta perspectiva que desde el mes de abril venimos realizando la investigación-acción: “La vida en el centro. Horizontes populares en tiempos de confrontación y pandemia (Cochabamba-Bolivia)”, misma que cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg (Oficina Región Andina) y que, en buena medida, surge por la preocupación que emerge por el exacerbado clima de violencia y polarización que atraviesa el país –y particularmente Cochabamba– desde el 2019; pero también, y combinado con lo anterior, por la difícil coyuntura derivada de la pandemia, que ha puesto en evidencia la precariedad del sistema público de salud en el país. La idea de la investigación es hacer énfasis en las agendas que vienen desde abajo, aquellas que han quedado invisibilizadas por el clima de confrontación política estatal y que suelen ser las que giran en torno al cuidado de la vida desde la experiencia cotidiana de habitar realidades concretas. Desde las dificultades para acceder al agua para consumo o riego hasta la precarización de los trabajos de cuidado por parte de las instituciones públicas, pasando por un conjunto de problemas relacionados con el modelo productivo agrario del país y el insuficiente sistema de salud. Desde el CEESP no solo creemos que estos problemas están siendo invisibilizados en un momento de crisis económica, sino que su desplazamiento hacia un lugar secundario dan lugar a un proceso de repliegue y debilitamiento de estas organizaciones de base, lo que a su vez se estaría traduciendo en una expansión de la política centrada no en el cuidado de la vida, sino en la disputa por el control de las instituciones estatales que termina beneficiando a unos pocos. Ello, junto a un conjunto de relaciones de dominación que trasminan las estructuras de la sociedad cochabambina, dan lugar a una espiral de violencia que termina afectando a distintos sectores sociales. La investigación ha sido realizada con cinco organizaciones comunitarias de base: la Organización Territorial de Base (OTB) “Los Olivos”, la OTB “San Nicolás”, la Asociación de Riego de Productores Agrícolas Pozo de Flores, la Asociación de Educadoras y Manipuladoras de los Centros Infantiles Comunitarios del Cercado de Cochabamba y el Sindicato Agrario de Chawpi Melga. Todas estas organizaciones tienen en común que, de una u otra manera, ponen en el centro alguna dimensión del cuidado de la vida y gestionan un conjunto de actividades en torno a ello. En las OTB esto es muy evidente en toda la gestión que lxs vecinxs han realizado durante años para dar forma a sus barrios, en muchos casos con muy poco apoyo de instituciones públicas. La Asociación de Educadoras y Manipuladoras, que se hacen cargo de los Centros Infantiles Comunitarios de Cochabamba, se organiza no solo en torno a sus fuentes de trabajo, sino también por el bienestar de miles de niñxs de sectores populares que se han quedado sin cuidados por la pandemia. La asociación de regantes, que está compuesta casi en su totalidad por mujeres, se organiza en torno a lograr y cuidar agua para el riego de sus tierras, lo que a su vez las ha enfrentado a un conjunto de violencias patriarcales. Finalmente, el sindicato agrario de Chawpi Melga, gestiona gran parte de la vida social de la comunidad, y lo hace en una situación cada vez más adversa, por la migración de lxs jóvenes, la falta de agua y las dificultades para acceder a los mercados, donde sus productos no son competitivos. Finalmente se debe recalcar que esta cartilla es un producto intermedio y no presenta los resultados de la investigación. Al iniciar el trabajo investigativo el CEESP se comprometió con las cinco organizaciones a devolver un texto en el que se sistematice y organice el relato que las misma nos ofrecieron en el marco de las entrevistas y talleres. Es decir, más allá de algunos datos de contexto, este no es un texto de análisis del CEESP, sino más bien son las voces de las propias organizaciones y que son presentadas en este documento esperando que sean de utilidad, antes que nada, para las mismas organizaciones. Algunas nos señalaron que les interesaba contar con este documento para transmitir su experiencia a las nuevas generaciones y otras para afinar sus estrategias de lucha. Lo cierto es que, en la reunión de validación de esta información, lxs representantes de las organizaciones expresaron su satisfacción por lo plasmado en estas hojas. Próximamente, en siguientes documentos, serán presentados los resultados completos de esta investigación, así como los aprendizajes metodológicos de esta experiencia que, la verdad, nos viene enseñando mucho para repensar la realidad social en el presente boliviano. Desde el CEESP agradecemos a todas las personas que hicieron posible este trabajo, en especial a quienes nos dieron su tiempo para las entrevistas y los talleres, a Paola Mercado quien nos ayudó en la edición del documento, a Adriana Herbas por el diseño de la tapa y a la Fundación Rosa Luxemburg por hacer posible este trabajo.

Una economía con problemas estructurales Al finalizar el año 2019, antes de la pandemia, los indicadores económicos del país ya mostraban un deterioro preocupante. La bonanza económica, que fue resultado de un inusitado incremento de las exportaciones de gas, había quedado atrás. Muchos economistas recalcaron que ese año el país solo creció en 2,7%, la tasa de crecimiento del PIB más baja desde 2003, aunque, como ya se sabe, ese indicador es en realidad insuficiente para comprender el complejo proceso de deterioro económico. Desde el año 2016, el país sostuvo cierta estabilidad económica sobre la base de un desahorro nacional. La caída sostenida de las reservas internacionales netas, así como el marcado incremento de la deuda externa, fueron los principales indicadores de aquella dinámica. Y si bien antes de la pandemia la situación del empleo no era tan crítica como lo es hoy en día, la precarización laboral se venía acentuando. Así lo señaló el pasado año el investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas, en su participación en la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA): “Desde 2015 la tasa de desempleo abierto se vino incrementando paulatinamente, en una situación donde el crecimiento económico […] iba cayendo paulatinamente también. Esto es lo que se llama desaceleración, o los economistas le dan un nombre más difícil: ralentización. [La economía] se ralentiza, se hace más lenta y al final va cayendo. De [ese momento] al 2019, al cuarto trimestre, la tasa de desempleo cerró al 4,8% y, en general, en ese año hubo un 5% de tasa de desempleo. […] Al primer bimestre de este año 2020, la tasa de desempleo fue de 5,15%… sin pandemia”. Pero cuando el coronavirus llegó al país la situación económica se erosionó de manera vertiginosa. Entre una cuestionable gestión de la contingencia sanitaria que derivó en una cuarentena mal planificada y los problemas estructurales que ya arrastraba la economía nacional, la crisis brotó enérgicamente… y con ella la situación del empleo empeoró rápidamente. La tasa de desempleo no está reflejando la problemática laboral Para el segundo trimestre de 2020 (abril-junio) la tasa de desocupación urbana se incrementó en casi cuatro puntos porcentuales en comparación al último trimestre de 2019, pasando de 4,83 % a 8,36 %, un claro indicio de la crisis económica y, en especial, del impacto que tuvo el confinamiento. Para el tercer trimestre de 2020 –considerado el peor momento–, la tasa de desocupación llegó a ser del 10,76 %. ¿Qué significa esto? La tasa de desocupación refiere a la relación que existe entre la población que no tiene trabajo pero que lo está buscando y la población considerada “económicamente activa”, es decir, la suma de todas las personas que o tienen un trabajo remunerado o aquellas que no lo tienen pero que lo están buscando. En términos absolutos esto significa que, si para el último trimestre de 2019 existían poco más de 191 mil personas desocupadas, para el tercer trimestre de 2020 la cifra ascendió hasta las 407 mil personas. Es importante aclarar que la tasa de desocupación es una cifra general, que incluye a trabajadorxs formales e informales y, además, omite la calidad de los trabajos, así como si la remuneración es suficiente o no para lxs trabajadorxs. Un ejemplo: si durante la pandemia una persona que trabajaba como empleado en una institución financiera hubiese perdido su fuente laboral, pero inmediatamente después comenzó a elaborar pasteles en su casa para ponerlos a la venta en la calle y así tener algún tipo de ingreso (aunque este no le sea suficiente para subsistir), esa persona sigue siendo catalogada como “ocupada” según los datos oficiales, tal y como sucedía cuando trabajaba en el banco. Es por esto por lo que, aunque para el segundo trimestre de 2020 la tasa de desocupación descendió tres puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2020, alcanzando el 7,6%, ello no explica mucho de la situación laboral real de lxs bolivianxs, más aún porque en el país la gran mayoría de la población está acostumbrada a realizar actividades económicas de manera informal para lograr algún tipo de ingreso ante cualquier eventualidad. La subocupación femenina: un indicio preocupante de lo que está pasando Ahora bien, aunque también es un indicador insuficiente, la tasa de subocupación ayuda a comprender un poco más lo que está sucediendo en el país en lo referente al mundo del trabajo y cómo las mujeres son las más afectadas por la crisis. Esta tasa lo que hace es calcular el porcentaje del total de las personas que son consideradas ocupadas pero que trabaja menos de 40 horas a la semana y, además, está buscando otras fuentes de ingreso. Es decir, son aquellas personas a las que su ingreso no les alcanza para vivir y tienen un tiempo “disponible” para seguir trabajando. Aunque en esta categoría no entran las personas que trabajan todos los días y que su sueldo no les alcanza para subsistir (ya que estarían cubriendo las 40 horas de trabajo y por tanto se consideran como personas ocupadas de tiempo completo), es un dato que, a diferencia de la tasa de desocupación, da más luces sobre lo que está pasando con lxs trabajadorxs de Bolivia. Si el último trimestre de 2019 la tasa de subocupación urbana era del 5,12 %, para el tercer trimestre de 2020 la misma llegó a ser de 16,54 %; es decir, un incremento de más de 11 puntos porcentuales. Ahora bien, a diferencia de la tasa de desocupación que se mantuvo relativamente similar entre hombres y mujeres, la tasa de subocupación muestra una clara diferencia de afectación entre géneros. En el caso de los varones, la tasa de subocupación era del 3,9 % durante el cuarto trimestre de 2019 y alcanzó al 13,92 % durante el tercer trimestre de 2020. En cambio, para las mujeres esta tasa ya era más elevada en el último trimestre de 2019, alcanzando el 6,63 %; pero se disparó hasta el 19,94 % para el tercer trimestre de 2020. Sin embargo, no solo llama la atención este incremento desproporcionado del nivel de subocupación femenina, sino también el hecho de que luego de la etapa más crítica (tercer trimestre de 2020), el mercado laboral se reacomodó de manera diferenciada. Para el segundo trimestre de 2021, la tasa de subocupación masculina descendió hasta alcanzar 9,52 %, mientras que la tasa de subocupación femenina se mantuvo muy elevada, sin bajar del 16,01 %. Es decir, en la actualidad una gran proporción de mujeres está buscando otras actividades remuneradas para complementar o sustituir las que tiene en este momento pero que les son insuficientes. Ello sin considerar a las mujeres que están buscando otros trabajos pero que actualmente tienen actividades formales o informales de tiempo completo, por lo que no hacen parte de estas estadísticas. Esta situación, además, no solo tiene que ver con las mujeres que antes de la pandemia trabajaban y ahora vieron precarizada su situación laboral; sino también por el incremento de la masa de trabajadoras en el mercado laboral. Según datos del INE, la población económicamente activa femenina creció en poco más de 226 mil; es decir, miles y miles de mujeres en “edad de trabajar” se vieron obligadas a dejar sus estudios o a buscar fuentes de trabajo, más allá de los trabajos de cuidado no remunerado a los que se dedicaban, con el objetivo de obtener ingresos monetarios. De lo cual, además, se puede deducir que la mayor parte de estas mujeres se insertan en el mercado de trabajo informal precarizado. Por último, vale la pena reiterar que estos datos de desocupación y subocupación refieren a los centros urbanos y no se tiene tanta claridad sobre las modificaciones que se han dado en el mundo del trabajo rural, que seguramente también se ha visto afectado de manera significativa por la pandemia. Aumenta la carga de trabajo para las mujeres Ya lo señalaron distintas instituciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), u otras regionales como la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL): la carga de trabajo se está incrementando de manera desproporcionada para las mujeres durante la pandemia. Por un lado, ello ocurre por el sistema patriarcal de organización de los trabajos de cuidado, en el que las mujeres son las que asumen la mayor parte como una obligación. Además, como se sabe, la crisis sanitaria del coronavirus ha incrementado sustancialmente estos trabajos de cuidado, ya sea, de manera directa, para cuidar a los enfermos de covid-19, pero también por todas aquellas actividades de cuidado que se han visto incrementadas por los procesos de confinamiento, que en muchos casos empujaron a que la oficina y la escuela, entre otras actividades, se trasladen a los hogares. Junto a ese incremento de los trabajos de cuidado, muchas mujeres ahora también se han visto en la necesidad de vender su fuerza de trabajo para subsistir. Con todo, esta situación está siendo poco visibilizada en la sociedad boliviana, más aún cuando la preocupante crisis económica que afecta a millones de bolivianxs se ha convertido en mecanismo de disputa en el descompuesto escenario polarizado que envuelve a la política estatal boliviana.

Ha pasado un año y medio desde que la pandemia del covid-19 se convirtió en centro de atención del mundo entero. Millones de personas han fallecido a causa del virus y miles de millones han visto empeorar sus condiciones de vida por la crisis que se ha desatado como consecuencia de un mundo que organiza la actividad económica en torno a los intereses económicos de una minoría y no para el cuidado de las personas y, en general, de toda forma de vida existente en el planeta. Lxs trabajadorxs que antes de la pandemia ya tenían trabajos precarios, ahora están en una situación aún más delicada. Ni que decir en países como Bolivia, en los que el trabajo informal rondaba el 70% al finalizar el 2019. La gran mayoría de lxs mismxs vive del día y no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Los procesos de confinamiento se han vuelto insostenibles para una gran parte de la población, la cual se ha visto empujada hacia un perverso dilema: virus o hambre. Pero no solo esto, según datos de distintas instituciones que investigan sobre el mundo del trabajo -como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel mundial, o el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en Bolivia, así como diversos colectivos feministas-, están siendo las mujeres trabajadoras las que reciben lapeor parte de esta crisis. Paradójicamente son los trabajos de cuidado –realizados principalmente por mujeres–,los que están quedando relegados a un segundo plano en las prioridades de la política pública; siendo que las actividades de cuidado se presentan como esenciales en una contingencia sanitaria como la que se vive en la actualidad. En este sentido, en la ciudad de Cochabamba, 235 mujeres dedicadas al cuidado de niñxs de sectores populares se quedaron –desde hace ya un año– sin una fuente de ingresos, financiamiento que provenía del gobierno municipal y departamental. Estas instituciones argumentan que ello es consecuencia de la pandemia; sin embargo, en diálogo con estas mujeres es posible entrever que los trabajos de cuidado nunca fueron una prioridad para dichas instituciones.