Pronunciamiento Público / Sobre la intervención estadounidense en Venezuela y la posición del gobierno boliviano

Desde el Centro de Estudios Populares (CEESP) expresamos nuestra condena a la intervención militar del gobierno de Estados Unidos contra la soberanía del pueblo de Venezuela. Estos hechos configuran una violación del derecho internacional y de los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos y naciones del mundo.

Lo ocurrido establece un precedente de enorme gravedad para América Latina. Las declaraciones del presidente Trump tras la operación —celebrando su “velocidad” y “violencia” como si se tratara de un espectáculo— revelan una concepción de la región como zona de influencia donde la soberanía de los Estados es prescindible cuando entran en juego intereses geopolíticos o económicos. Cualquier país latinoamericano queda expuesto a intervenciones similares.

Es necesario señalar con igual claridad que esta posición no implica defensa alguna del gobierno de Maduro, cuyo carácter autoritario quedó en evidencia con el fraude electoral de 2024 y con años de represión, persecución política y deterioro institucional que han afectado gravemente al pueblo venezolano. Sin embargo, el rechazo a un gobierno no legitima la intervención militar extranjera. Los conflictos políticos internos de Venezuela corresponde resolverlos a su pueblo, mediante mecanismos que no incluyen bombardeos ni secuestros ejecutados por potencias foráneas. 

La posición del gobierno boliviano

Ante estos hechos, el gobierno de Rodrigo Paz emitió un comunicado en el que expresa su apoyo “firme e inmediato” al “camino iniciado de recuperación de la democracia” venezolana, sin mencionar siquiera los bombardeos ni la violación de la soberanía territorial. El texto omite toda referencia a los principios de no intervención y al derecho internacional, legitimando la política de violencia de un orden mundial colonial e imperial. Es un comunicado redactado para agradar los intereses de Washington.

Esta postura externa resulta consistente con la orientación que el gobierno viene mostrando en el ámbito interno. El Decreto Supremo 5503, más allá del ajuste en el precio de combustibles, consolida un modelo que prioriza los intereses del sector agroexportador y del capital transnacional: liberalización de exportaciones sin mecanismos efectivos de abastecimiento interno, procedimientos de fast track para inversiones extranjeras que debilitan el marco de derechos colectivos y las salvaguardas ambientales, y una apelación a la “confianza” empresarial como sustituto de la regulación pública. El mismo esquema de facilidades aceleradas que hoy se ofrece a corporaciones extranjeras podría, en un contexto de presión geopolítica como el que inaugura la intervención en Venezuela, convertirse en vehículo de formas más profundas de injerencia sobre los recursos estratégicos del país y los derechos humanos.

Simultáneamente, el gobierno ha desplegado contingentes policiales en la Reserva de Tariquía para forzar el ingreso de operaciones petroleras, reprimiendo a comunidades que defienden un territorio que el propio Rodrigo Paz se comprometió proteger antes de llegar a la presidencia. La coherencia entre la política exterior y la interior es visible: alineamiento con intereses corporativos y desatención de las demandas populares, denostando a las organizaciones sociales que se han manifestado en contra del decreto, acusándolas de estar en contra de los intereses del país, tergiversando la realidad de miles de bolivianas y bolivianos que ven empeorar sus condiciones materiales mientras las cúpulas de poder bien consolidadas son favorecidas otra vez.

Desde el CEESP consideramos necesario subrayar que nuestra crítica al actual gobierno no supone reivindicación alguna del ciclo anterior. La política económica del MAS profundizó durante años el mismo patrón extractivista, desarticuló la autonomía de las organizaciones sociales y gestionó el Estado con lógicas de cooptación que hoy muestran sus consecuencias. Sin embargo, es inadmisible el argumento de que toda la política planteada por el gobierno del gobierno de Paz es “necesaria”, ya que la misma parte del desprecio por lo popular, apuesta por concentración de riqueza en pocas manos, reivindica los intereses de las grandes corporaciones y renuncia a una posición soberana frente a las agresiones externas. Ya hemos aprendido que guardar silencio frente a cualquier injusticia, venga de donde venga, no es una opción.

Ante lo expuesto, desde el Centro de Estudios Populares:

Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que enfrenta tanto las consecuencias de un gobierno autoritario como los efectos de una agresión externa. Esta solidaridad se extiende a todos los pueblos que hoy sufren la violencia de las grandes potencias y sus aliados: el pueblo palestino ante el genocidio perpetrado por Israel, el pueblo ucraniano frente a la invasión rusa, y las poblaciones migrantes sometidas a políticas de criminalización y muerte en las fronteras del norte global, entre otras agresiones que se gestan en el mundo todos los días.

Rechazamos la intervención militar en territorios soberanos como mecanismo de resolución de conflictos políticos, independientemente de las valoraciones sobre los gobiernos afectados.

Instamos al gobierno boliviano a asumir una posición soberana y coherente, tanto en el plano internacional —condenando la intervención estadounidense y defendiendo los principios de autodeterminación— como en el ámbito interno, donde las decisiones económicas deben priorizar las condiciones del cuidado de la vida de la población por sobre los intereses de sectores corporativos nacionales y transnacionales.