Sembrando desigualdad, cosechando poder

El Centro de Estudios Populares impulsa un proyecto de investigación sobre el poder oligopólico en el sector agroindustrial y financiero boliviano

Equipo investigador: Stasiek Czaplicki, José Octavio Orsag Molina, Blanca Rivero, Suzanne Kruyt, Huáscar Salazar

En los últimos años, el sector agroindustrial ha ganado protagonismo tanto en la economía nacional como en el imaginario colectivo, posicionándose como motor económico y garante de la alimentación en Bolivia. Ante la escasez de divisas y el déficit fiscal que enfrenta el país, el gobierno ha intensificado su alianza con los conglomerados del agronegocio. Santa Cruz se ha convertido en el epicentro de esta expansión, donde aproximadamente 15 conglomerados empresariales agroindustriales, ganaderos y financieros controlan vastas extensiones de tierra y dominan sectores clave como la producción de soya, carne y caña de azúcar.

Mediante la flexibilización de normativas agrarias, financieras y ambientales, junto con la concesión de subsidios, el Estado ha respaldado y priorizado la expansión de la frontera agrícola para impulsar las exportaciones y sostener el crecimiento económico. Sin embargo, esta estrategia ha generado niveles alarmantes de incendios forestales, deforestación y daño ecológico, agudizando las condiciones de despojo y deteriorando aún más las condiciones de vida de comunidades rurales que ya enfrentan una crisis estructural histórica.

Este proyecto de investigación surge en un momento crítico para Bolivia, marcado por la creciente concentración de tierras en manos de grandes conglomerados y su expansivo poder económico y político en el país. Para comprender esta realidad, es necesario examinar sus raíces históricas, que se remontan a la década de 1950, atravesando regímenes dictatoriales y complejos procesos sociales que consolidaron el agronegocio durante la crisis de los años 80. Este marco histórico permite entender tanto el surgimiento de las élites agroindustriales —a partir de proyectos de desarrollo nacional financiados por entidades globales como el Eximbank y el Banco Mundial— como los regímenes de acceso que cimentaron el control social de estas élites sobre los espacios de «frontera», donde se diseñaron las zonas de expansión agraria de Bolivia desde la década de 1940.

Actualmente, este sector ha logrado legitimarse mediante narrativas dominantes que lo presentan como «self-made«, «indispensable para la seguridad alimentaria del país» e incluso como la «salvación o solución a la crisis», sin que estas versiones idealizadas reflejen la realidad. Detrás de estos discursos se ocultan profundas desigualdades, destrucción ecológica, la continuación del modelo de desarrollo extractivista como única vía, y la exclusión social que este modelo perpetúa.

La quiebra del banco Fassil en 2022 y la frágil situación financiera del país, fuertemente vinculada al sector agropecuario, evidencian los riesgos inherentes a este modelo de desarrollo, que depende en gran medida de la especulación financiera y la concentración de recursos en pocas manos. Sin embargo, tanto las autoridades actuales como todas las opciones que se perfilan para las elecciones de 2025, sin excepción, proponen favorecer al agronegocio, profundizando el modelo actual y sus severas consecuencias.