¿Cómo organizarnos en un contexto de control armado de los territorios?
En Bolivia, los militares están en las calles de Santa Cruz. El gobierno habla de “modernización” de las Fuerzas Armadas y ordena control militar sobre plantas estratégicas de YPFB. Bolivia participó, junto a otros 16 países de la región, en una cumbre convocada por el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, donde se firmó una declaración de cooperación militar hemisférica. ¿Estamos ante el inicio de una militarización de la seguridad en Bolivia?
Es una pregunta que vale la pena hacerse con información, con análisis y con gente que lleva años estudiando cómo este proceso ocurrió en otros países de América Latina, y que muchas veces ocurrió de manera desapercibida, hasta que se volvió un tema central y difícil de detener.
Lo que está ocurriendo en Bolivia no surge de la nada ni es un fenómeno aislado. En febrero de 2026, el Secretario de Estado Marco Rubio convocó a 54 países en Washington para la Conferencia Ministerial de Minerales Críticos, donde Bolivia estuvo representada. Semanas después, en Miami, Hegseth reunió a los comandantes militares del hemisferio y 17 países firmaron una declaración de cooperación en seguridad, control fronterizo e infraestructura estratégica. Bolivia firmó. El gobierno también participó de la cumbre “Shield of the Americas”. Este conjunto de acuerdos es la arquitectura de una nueva relación entre los ejércitos de la región y Washington, bajo el discurso de lucha contra el narcoterrorismo y la protección de recursos estratégicos.
El patrón tiene historia. En Colombia y México, la militarización de la seguridad llegó con el mismo lenguaje: orden, modernización, lucha contra el crimen. Lo que vino después fue documentado con detalle por quienes lo vivieron de cerca. La militarización no redujo la violencia sino que reorganizó los territorios. Las comunidades que resistían proyectos extractivos encontraron frente a ellas no solo empresas sino también soldados. Los tejidos organizativos fueron desarticulados. Las víctimas fueron presentadas como criminales para que nadie preguntara demasiado. Dawn Paley lleva casi veinte años rastreando ese proceso en México, Colombia y Centroamérica, y su conclusión es incómoda: la guerra contra las drogas no es una política que fracasa, es una política que funciona para otros fines, principalmente para abrir territorios al capital extractivo y para disciplinar poblaciones que se organizan.
¿Está pasando esto en Bolivia? No tenemos claridad, pero sí existen muchos indicadores que deberían mantenernos alertas desde la sociedad civil. Vale la pena discutir este tema con información seria y sin los eufemismos de siempre.
Para el encuentro de mayo de A Contracorriente, el espacio de debate popular del Centro de Estudios Populares (CEESP), invitamos a Dawn Paley a venir hasta Cochabamba. Paley es periodista freelance con casi dos décadas cubriendo militarización, guerra contra las drogas y resistencias populares en América Latina. Es autora de Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo y Guerra neoliberal: desaparición y búsqueda en el norte de México, y editora responsable de Ojalá.
La comentan Raquel Gutiérrez Aguilar, quien ha sido parte de variadas experiencias de lucha en este continente, impulsando la reflexión y alentando la producción de tramas antipatriarcales por lo común, y editora de opinión en Ojalá; y Alejandra Ramírez Soruco, socióloga e investigadora del CESU-UMSS, donde coordina el Doctorado en Estudios Sociales y ha investigado violencia, inseguridad ciudadana y vigilantismo en Bolivia y la región.
El encuentro es el viernes 15 de mayo, de 18:30 a 20:30, en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSS, acera sur de la Plazuela Sucre. La entrada es libre. La exposición se transmitirá en diferido; el debate solo ocurre estando ahí.